Mutilado y abandonado: La trágica historia de un vigilante en mina La Poderosa que desnuda la precariedad laboral en el Perú
Luis Ángel Álvarez Ortega, un joven vigilante de apenas 26 años, enfrenta un futuro incierto y la mutilación permanente de tres de sus dedos, resultado de un trágico accidente ocurrido el pasado 14 de marzo en un socavón de la mina La Poderosa, en Huaraz. Su caso, lejos de ser un incidente aislado, se ha transformado en una cruda denuncia contra Grupo Athoq Seguridad SAC, la empresa que lo contrató, por presunto abandono, manipulación documental y graves irregularidades que exponen la precaria situación de la seguridad laboral en el sector minero peruano.
El fatídico día, Álvarez Ortega se encontraba manipulando explosivos, una tarea de alto riesgo que, según su esposa Cris Fiorrela Morales Castro, nunca debió haberle sido encomendada a un agente de seguridad sin la debida capacitación y autorización. La denuncia central de la familia apunta a que Grupo Athoq Seguridad SAC operaba con armamento y explosivos sin contar con el permiso requerido de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec). Esta grave omisión reglamentaria, de confirmarse, habría sido el detonante que culminó en la irreversible lesión del joven trabajador.
Morales Castro, en un desgarrador testimonio telefónico, no solo responsabiliza a la compañía por la negligencia que dejó a su esposo «lisiado para siempre», sino que acusa a Grupo Athoq Seguridad de una maniobra aún más oscura: la manipulación de la documentación del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). Este seguro, obligatorio para actividades de alto riesgo como la minería, es vital para garantizar la atención médica especializada y una indemnización adecuada en caso de accidentes laborales. Su supuesta alteración representaría un intento deliberado por evadir responsabilidades y dejar a Luis Ángel sin la protección fundamental que le corresponde por ley.
La familia del ex agente de seguridad, quien llevaba apenas tres meses trabajando para Grupo Athoq Seguridad, se encuentra hoy abandonada a su suerte en su hogar ubicado en el asentamiento humano Aparicio Pomares, lejos de la capital y con recursos limitados. Cris Fiorrela confiesa haber mantenido silencio durante meses, respetando una cláusula de confidencialidad impuesta por la empresa tras el accidente. Sin embargo, la persistente negativa de Grupo Athoq Seguridad a asumir su «irresponsabilidad» y a cumplir con la indemnización legalmente establecida, la empujó a romper el silencio, buscando desesperadamente justicia para su esposo y sus hijos.
El caso de Luis Ángel Álvarez Ortega no es un mero accidente laboral; es un reflejo de las profundas fragilidades del sistema de subcontratación en la minería peruana, donde la seguridad y los derechos de los trabajadores a menudo se ven comprometidos por empresas que operan al margen de la ley. La ausencia de un control riguroso por parte de entidades estatales como Sucamec y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo permite que compañías puedan presuntamente operar con irregularidades tan flagrantes como la carencia de autorizaciones para manejar explosivos o la manipulación de seguros vitales, dejando a los trabajadores en una posición de extrema vulnerabilidad.
La lucha de esta familia de Huánuco por una indemnización justa y por el reconocimiento de la responsabilidad corporativa es un llamado de atención urgente al Estado y a la sociedad. La tragedia de Luis Ángel, un joven con toda una vida por delante, mutilado por una aparente cadena de negligencias y ahora sumido en el olvido, exige una investigación exhaustiva, sanciones ejemplares y una revisión profunda de las condiciones laborales en el sector minero, enviando un mensaje claro: la vida y la dignidad de los trabajadores peruanos no pueden ser moneda de cambio en el lucrativo sector extractivo.
