Diresa al borde del desalojo y un laboratorio vital en riesgo
La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Huánuco se encuentra en una encrucijada crítica que amenaza con paralizar servicios esenciales y dejar a más de 800 mil habitantes sin su principal escudo epidemiológico. Un inminente desalojo del predio que alberga su sede administrativa y el crucial Laboratorio Referencial Regional de Salud Pública ha puesto en evidencia la crónica falta de previsión y la ineficacia en la gestión pública regional. El Gobierno Regional de Huánuco, a través de la Diresa, ha anunciado que solicitará una ampliación del plazo a la Sociedad de Beneficencia Pública (SBP) de Huánuco para desocupar el inmueble, mientras busca desesperadamente una solución que evite un colapso sanitario.
El gerente regional de Asesoría Jurídica, Germán Bedoya, confirmó que se han agotado todas las instancias legales para defender la permanencia de la Diresa en el predio ubicado en el jirón Dámaso Beraún N.° 1017. La institución se ve obligada a acatar el mandato judicial, lo que representa una derrota administrativa y un serio desafío para la estabilidad de la salud pública regional. Según Bedoya, el proceso judicial, iniciado en 2019, fue recibido por la actual gestión en una fase «avanzada e irreversible», atribuyendo la responsabilidad de su descuido a anteriores administraciones. Una afirmación que, si bien es recurrente en la política peruana, no exime de la necesidad de soluciones urgentes y de la autocrítica sobre la gestión actual.
La gravedad de la situación radica en las funciones que cumple el inmueble. No solo es el centro de operaciones administrativas para más de 400 trabajadores y la coordinación de más de 330 establecimientos de primer nivel de atención, sino que es la sede del Laboratorio Referencial Regional de Salud Pública. Este laboratorio es la piedra angular para el diagnóstico oportuno y la vigilancia epidemiológica en Huánuco, procesando anualmente más de 70 mil muestras de enfermedades tan diversas como dengue, virus del papiloma humano, tos ferina, tuberculosis y varios tipos de cáncer. Su labor es fundamental para anticipar brotes, contener epidemias y responder a emergencias sanitarias.
Margarita Zúñiga Saca, jefa del laboratorio, lanzó una seria advertencia: “La suspensión de sus operaciones significaría dejar a Huánuco sin su principal escudo contra brotes, epidemias y emergencias sanitarias”. El desalojo no solo detendría la capacidad diagnóstica, sino que también pondría en riesgo equipos biomédicos de alta tecnología, cuyo traslado y reinstalación no son procesos menores ni económicos. La incertidumbre sobre la continuidad de un servicio tan vital genera alarma en una región ya vulnerable a diversos riesgos sanitarios.
Ante la inminencia de la crisis, el gobernador regional, Antonio Pulgar, ha intensificado las gestiones, incluso desde Lima. Pulgar ha declarado que no permitirá que se ponga en riesgo la salud pública de los huanuqueños, acusando a la SBP de una «falta de voluntad» para llegar a un acuerdo, lo que a su juicio, evidencia un «trasfondo político» en el proceso de desalojo. Esta grave acusación, si bien apunta a una posible politización de un asunto que debería priorizar el bienestar ciudadano, también plantea interrogantes sobre la capacidad de diálogo y gestión interinstitucional.
En un intento por destrabar la situación, el gobernador Pulgar y el director regional de Salud, Gustavo Barrera Sulca, mantuvieron una reunión de emergencia con la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Sandra Gutiérrez, dado que las Sociedades de Beneficencia están adscritas a este sector. La solicitud al Ejecutivo es clara: una intervención urgente para garantizar la estabilidad de la sede de la Diresa y proteger la salud de la población. De manera paralela, se reunieron con la directora nacional de la Sociedad de Beneficencia del Perú, donde se planteó la reconformación del directorio de la SBP de Huánuco, una medida que busca «ordenar la gestión y asegurar decisiones alineadas con el bienestar ciudadano», lo que implícitamente sugiere una crítica a la actual dirección de la Beneficencia.
El Gobierno Regional ha puesto sobre la mesa una propuesta formal para el pago de un alquiler por el uso del local y la firma de un convenio de cogestión para avanzar en un proyecto de inversión para una sede propia. Sin embargo, los intentos previos de diálogo con la SBP no han prosperado, lo que agudiza la percepción de un conflicto sin salida inmediata. Mientras tanto, la Diresa evalúa tres posibles inmuebles para alquiler, un proceso que, según se ha señalado, requiere una programación presupuestal que a la fecha no parece estar garantizada, sumando una capa más de incertidumbre a esta delicada situación.
La situación actual de la Diresa Huánuco no es solo un problema burocrático o legal; es un reflejo de las deficiencias estructurales en la planificación y gestión de infraestructuras públicas esenciales en el país. ¿Cómo es posible que una institución de la talla de la Diresa opere durante años sin asegurar la tenencia de su sede administrativa y un laboratorio de salud pública de vital importancia, máxime cuando se sabe que el local fue donado originalmente para fines hospitalarios? La falta de previsión en la asignación de propiedades y la negligencia en el seguimiento de procesos judiciales complejos han conducido a esta crisis, dejando a Huánuco al borde de una emergencia sanitaria provocada no por una enfermedad, sino por la ineficiencia y, quizás, por pugnas políticas ajenas al interés público. Es imperativo que las autoridades nacionales y regionales actúen con la mayor celeridad y transparencia para evitar que la salud de miles de peruanos quede rehén de estas disputas.
