Veinte mil millones de exoneraciones tributarias
La discriminación racial, social y económica son acciones y costumbres funestas que se practican a lo largo y ancho de nuestro país.
Esta desigualdad de trato institucionalizado viene desde la época colonial y se advierte en el “choleo” y “serraneado”, moneda corriente usada como arma de discriminación. El costeño cholea al serrano y el selvático hace lo propio. Huánuco ciudad no escapa a esta realidad.
César Vallejo, literato peruano y autor del célebre poemario Los heraldos negros, al incursionar en la narrativa creó el cuento inmortal Paco Yunque, que es una excelente radiografía social, racial y económica de una sociedad discriminadora, prejuiciada y vulnerable.
La desigualdad económica es tan evidente que no necesita mayor análisis. La brecha es tan grande que ha postrado en la pobreza y extrema pobreza a vastos sectores.
Las decisiones arbitrarias de quienes tienen el poder atentan contra la clase trabajadora. Sus salarios son una miseria si los contrastamos con los sueldos estratosféricos y bonos que se aprobaron en un excongreso innombrable.
El Estado peruano dejó de recaudar 20 mil millones de soles como consecuencia de exoneraciones, inafectaciones y beneficios tributarios. Esta información fue difundida por el Grupo de Justicia Fiscal del Perú, con la participación de organizaciones como Oxfam, CooperAcción y Propuesta Ciudadana.
Ese dinero muy bien pudo utilizarse en obras de infraestructura para los sectores de salud y educación, y en el pago de remuneraciones justas. Sin embargo no fue así. Al punto que la señora presidenta y su cogollo gubernamental siguen diciendo que les dejaron una catástrofe.
Si nos referimos al sector Educación, vemos la miserable propina que reciben los cesantes y jubilados, cuyo promedio mensual no supera los 700 soles.
La Ley 32581 establece un promedio de sueldo de 3,500 soles. Falta su reglamentación, cuyo plazo ya venció el 20 de julio. Sin embargo, los sucesivos gobiernos de Boluarte, Jeri y Balcázar se lavaron las manos. Ahora el nuevo gobierno ya se pronunció negativamente contra esta nivelación justa. Tanto así que su ministro de Economía se atrevió a manifestar que esta ley es “ilegal” y que “no hay plata”. Él sabe muy bien dónde está la plata… como cancha.
Entre tanto, se deja utilizar con fines inconfesables el pronunciamiento de la directiva del Colegio de Economistas de Lima. Sin embargo, no se prestaron a esta sucia jugada los miembros del Colegio Nacional de Economistas del Perú.
La Junta Directiva del Colegio de Economistas de Lima presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra la ley citada. Esta institución, muy cuestionada por sus ilegales resoluciones para darle el amén, ya sabemos a quién favorece. Usted saque sus conclusiones.
La cereza de la torta en estos sucios enjuagues es enterarnos del subsidio o bonificación de 63 mil soles que perciben los parlamentarios, además de su suculento sueldazo, por el fallecimiento de un pariente.
