Crisis del transporte en Huánuco: ¿Nuevas ordenanzas para viejos problemas y datos discordantes?
Huánuco enfrenta una vez más el debate sobre la regulación del caótico servicio de transporte en trimóviles, un sector clave para la movilidad ciudadana, pero también un foco recurrente de informalidad e inseguridad. La reciente propuesta de la regidora Miluzka Torres Peña, que busca ordenar este segmento, ha puesto en evidencia no solo la urgencia del problema, sino también la fragmentación de esfuerzos y la persistente brecha entre la legislación y su aplicación efectiva.
Durante la última sesión de consejo, la regidora Torres Peña presentó un proyecto de ordenanza enfocado en controlar la circulación de los trimóviles. Su iniciativa apunta a la unificación de criterios estéticos y operativos: propone que las unidades sean de un solo color, sin micas oscurecidas y sin parlantes con música a alto volumen, medidas que, a su juicio, contribuirían a la seguridad. La concejal enfatizó la necesidad de identificar plenamente a los conductores con DNI y licencia de conducir, argumentando que la informalidad de muchos prestadores de este servicio está directamente ligada a hechos delictivos. Torres Peña incluso refirió estadísticas y una experiencia personal, mencionando que muchos mototaxistas se estacionan en las cercanías de discotecas con fines de asalto, un patrón que habría afectado a un familiar suyo.
Sin embargo, la discusión reveló de inmediato la magnitud del desafío, empezando por la alarmante discrepancia en las cifras sobre la flota de trimóviles. Mientras la regidora Torres Peña afirmó que en Huánuco existen 122,000 de estas unidades, la Gerencia de Transportes del municipio maneja una realidad muy distinta: apenas 15,000 trimóviles registrados, con una estimación de hasta 30,000 incluyendo a los informales. Esta abismal diferencia no solo evidencia la falta de un censo vehicular fiable, sino que también subraya la profunda informalidad que permea este sector, haciendo cualquier esfuerzo regulatorio sumamente complejo y, de antemano, desafiante.
La propuesta de la regidora Torres Peña, presentada como una iniciativa necesaria ante la supuesta inacción municipal, se topó además con el trabajo ya en curso de otras instancias ediles. El regidor Alex Máximo Remigio Hilario, presidente de la Comisión Mixta de Transportes, informó que dicha comisión ha estado elaborando desde marzo del presente año dos ordenanzas específicas para vehículos menores y mayores, invitando a su colega a sumarse a las mesas de trabajo. Esta situación sugiere una descoordinación o un solapamiento de esfuerzos dentro del propio concejo, lo que podría ralentizar aún más la implementación de soluciones integrales.
Más aún, la intervención del regidor Emilio Shol Ponce añadió un elemento crítico al debate. Ponce recordó la existencia de una ordenanza de 2019 que ya prohíbe la circulación de vehículos menores con vidrios oscurecidos y parlantes ruidosos, e incluso establece sanciones por indumentaria inapropiada de los conductores. Su recordatorio no solo cuestiona la novedad de algunos puntos de la reciente propuesta, sino que, de forma implícita, señala la incapacidad o ineficacia de la Policía Nacional y los Inspectores Municipales para hacer cumplir la normativa vigente. El problema, entonces, no radicaría en la falta de marcos legales, sino en la deficiente fiscalización y aplicación de los mismos.
Este panorama dibuja una situación compleja para Huánuco. Las buenas intenciones de legislar chocan con una realidad de informalidad desbordada, cifras poco claras, esfuerzos municipales dispersos y una preocupante falta de cumplimiento de las normas ya establecidas. La seguridad ciudadana y el ordenamiento del transporte no pueden depender únicamente de la promulgación de nuevas ordenanzas si las anteriores permanecen en el papel. Urge una estrategia integral que, más allá de los debates en sesión de consejo, priorice la coordinación interinstitucional, la recopilación de datos fidedignos y, crucialmente, la voluntad política y operativa para fiscalizar y hacer cumplir las leyes en beneficio de todos los ciudadanos. De lo contrario, Huánuco seguirá en un ciclo de «nuevas» soluciones para problemas crónicos, sin resolver la raíz de su desorden en el transporte.
