¿Guerra urbana? El plan de Defensa para tratar al crimen organizado como objetivo militar

El ministro Rafael Belaúnde busca reclasificar a bandas transnacionales como ‘grupos hostiles’ para permitir intervenciones de las FF.AA. con capacidad de fuego en las calles.

En un giro que profundiza la militarización de la seguridad pública, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, ha puesto sobre la mesa una propuesta que desdibuja los límites entre la lucha contra el crimen y el conflicto armado interno. Según el titular del sector, urge otorgar a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) la facultad de enfrentar a organizaciones criminales transnacionales bajo la categoría de ‘grupos hostiles’. Esta denominación, hoy reservada para remanentes terroristas en el Vraem y disidencias de las FARC, permitiría el despliegue de inteligencia militar y ‘operaciones quirúrgicas’ con armamento de guerra en entornos urbanos, una medida que traslada la lógica del campo de batalla a las avenidas de la ciudad.

Delincuencia bajo la mira de la inteligencia militar

El argumento de Belaúnde sostiene que bandas como ‘El Tren de Aragua’ o ‘Los Gallegos’ poseen una capacidad de fuego que el Estado debe igualar mediante el uso de la fuerza militar. Al catalogarlos como objetivos militares, el Ejecutivo pretende que las FF.AA. no solo apoyen a la Policía, sino que conduzcan operaciones especiales basadas en inteligencia operativa propia. Sin embargo, esta pretensión de aplicar tácticas de guerra contra el hampa plantea serias dudas sobre el respeto a los derechos fundamentales en zonas civiles densamente pobladas.

El control militar en las puertas de los penales

La estrategia del Ministerio de Defensa no se limita a las calles. Belaúnde ha insistido en la instalación de retenes militares permanentes en los exteriores de los centros penitenciarios. La propuesta contempla que todo aquel que ingrese —desde personal del INPE y abogados hasta proveedores de alimentos— sea sometido a escáneres corporales y detectores de metales operados por militares. Según el ministro, esta medida es la clave para frenar el ingreso de celulares y chips que alimentan la extorsión, asumiendo una función de control administrativo que tradicionalmente ha fallado por la corrupción interna.

Reformas legales para el uso de la fuerza

Para viabilizar este despliegue, el Ejecutivo busca modificar el Decreto Legislativo n.° 1095, que regula el uso de la fuerza por parte de las FF.AA. en el territorio nacional. El objetivo declarado es ‘fortalecer y optimizar’ el marco normativo para que los militares intervengan ante amenazas al orden interno. Esta reforma, sumada al pedido de facultades legislativas, abre la puerta a una participación ‘excepcional y temporal’ que, en la práctica, podría convertirse en la nueva norma de control social frente a la incapacidad de la Policía Nacional para contener la inseguridad.

Lo que falta aclarar

• ¿Cómo garantizará el Ministerio de Defensa que las ‘operaciones quirúrgicas’ con armamento de guerra no deriven en daños colaterales contra civiles en zonas urbanas?
• ¿Qué protocolos específicos de rendición de cuentas se aplicarán si la inteligencia militar comete errores en la identificación de objetivos civiles como ‘grupos hostiles’?
• ¿Se ha evaluado si el control militar externo en penales es suficiente frente a la corrupción estructural que ocurre dentro de los pabellones, donde los militares no tendrían jurisdicción?
• ¿Cuál será la jerarquía de mando real entre la Policía y las FF.AA. para evitar la duplicidad de funciones y el deslinde de responsabilidades ante posibles abusos de autoridad?