Pataz: El Ejército bajo logística de Poderosa y la sombra de un millonario aporte

Mientras el ministro Belaunde Llosa niega privilegios, las tropas del CUPAZ operan desde los campamentos de la empresa que financió su carrera política.

La frontera entre el deber público y el interés privado se ha desdibujado peligrosamente en Pataz. Mientras el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, se esfuerza en negar cualquier trato preferencial hacia la minera Poderosa, la realidad en el terreno lo desmiente con la contundencia de las imágenes. El Comando Unificado Pataz (CUPAZ) no solo opera en la zona; sobrevive, se alimenta y se desplaza gracias a la logística de la misma empresa cuya dueña, Evangelina Arias Vargas, inyectó S/1 millón 480 mil a la campaña presidencial del hoy titular del sector. Esta simbiosis entre el poder militar y el capital privado no es solo una cuestión de comodidad logística, sino un conflicto de intereses que el Ejecutivo se niega a transparentar.

Logística privada para una fuerza pública

Según una investigación de La República, más de 500 efectivos del CUPAZ, integrados por el Ejército y la Policía Nacional, han convertido los campamentos de Vijus, Santa María y Hualanga —propiedades de Poderosa— en sus cuarteles generales. A pesar de que el ministro asegura que las Fuerzas Armadas no resguardan intereses privados, las evidencias muestran a los soldados compartiendo comedores con los trabajadores mineros, pernoctando en sus instalaciones y utilizando camionetas 4×4 de la compañía. Incluso los helicópteros del Ejército utilizan la pista de aterrizaje de la minera para sus despliegues, consolidando una dependencia absoluta de los recursos de la empresa.

Un ministro atrapado en sus contradicciones

Belaunde Llosa ha intentado desmarcarse alegando que el estado de emergencia busca combatir a organizaciones criminales como ‘El Tren de Aragua’ o ‘Los Choneros’, y que los conflictos de la minera con informales son «asuntos entre ellos». Sin embargo, el financiamiento recibido por su campaña de parte de Arias Vargas, presidenta del directorio de Poderosa, arroja una sombra de duda sobre la neutralidad de las operaciones. Resulta inverosímil sostener una gestión imparcial cuando el brazo operativo del Ministerio de Defensa depende del «rancho», el agua y la luz pagados por una de las partes involucradas en la conflictividad social de la provincia.

Corrupción y choques en el comando

La presencia militar bajo el ala de Poderosa no ha traído orden, sino escándalos de corrupción y fricciones con la Policía. El 18 de junio de 2026, el jefe de Inteligencia del CUPAZ, capitán EP Gary Chiroque Barreno, fue capturado infraganti extorsionando a un empresario local. A esto se suma el incidente de abril de 2026, donde una patrulla del CUPAZ detuvo y acusó falsamente de extorsión a agentes de la Divincri de Trujillo. Estos hechos, sumados a la influencia del general de brigada (r) Carlos Romero Von Bancels como jefe de seguridad de la minera, sugieren que la estructura militar en Pataz podría estar respondiendo a una cadena de mando paralela a la estatal.

Lo que falta aclarar

• ¿A qué destino se están derivando los fondos públicos asignados para las operaciones del CUPAZ si la minera Poderosa asume los gastos de alimentación, transporte y alojamiento de las tropas?
• ¿Por qué el ministro de Defensa niega ante la opinión pública una situación logística que la propia empresa Poderosa ya ha confirmado oficialmente a la prensa?
• ¿Cómo garantiza el Estado la imparcialidad del Ejército en operativos contra la minería artesanal cuando la logística es provista por la empresa que mantiene disputas territoriales con estos sectores?
• ¿Qué medidas de control se han implementado para evitar que el financiamiento de campaña de la señora Arias Vargas se traduzca en un uso indebido de las fuerzas del orden a favor de sus intereses particulares?