Arsenal en las sombras: 340 mil armas ilegales alimentan el sicariato en el Perú
Arsenales ocultos. De los 1,267 homicidios registrados en el primer semestre de este año, 997 se consumaron mediante disparos. Esto se debe a que los perpetradores tienen fácil acceso a pistolas y revólveres en los mercados ilegales de Tacora y Las Malvinas, o en sitios clandestinos de la web donde son ofrecidos al mejor postor. Para terminar con el crimen, primero se debe acabar con este negocio.
Fuente de imagen: La República
Con un promedio de seis homicidios diarios y una alarmante filtración de fusiles de guerra, la inacción de la Sucamec y las fuerzas del orden queda bajo sospecha.
La seguridad ciudadana en el Perú ha dejado de ser una prioridad política para convertirse en una estadística de sangre. Con 997 homicidios perpetrados con armas de fuego solo en el primer semestre de 2026, el país enfrenta una crisis estructural alimentada por la libre circulación de más de 340,000 armas sin registro. No se trata de un fenómeno aislado, sino de un mercado negro robusto que se nutre de la falta de fiscalización y, según advierten especialistas, de la presunta complicidad dentro de las propias instituciones encargadas de velar por el orden interno.
El fracaso de la fiscalización y el auge del mercado negro
El acceso a pistolas y revólveres en puntos críticos como Las Malvinas y Tacora parece ser más eficiente que cualquier estrategia gubernamental de patrullaje. Según datos oficiales, el volumen de armamento en situación de ilegalidad ya supera al padrón activo de la Sucamec, que apenas mantiene 182,047 licencias vigentes. Esta brecha evidencia un descontrol absoluto en el seguimiento de las armas cuyas licencias fueron canceladas o cuyos propietarios fallecieron; miles de unidades permanecen en un limbo legal que termina fortaleciendo el poder de fuego de las bandas criminales dedicadas a la extorsión y el sicariato.
¿Fuerzas del orden o proveedores del crimen organizado?
La denuncia del coronel PNP (r) Jorge Mejía Asanza es demoledora: el mercado negro contaría con la facilitación de presuntos malos militares y policías que abastecen a las estructuras delictivas. Esta filtración institucional explicaría cómo fusiles AR-15, importados bajo la fachada de «uso deportivo» —cuya importación saltó de unas decenas a casi 2,000 unidades desde 2021—, terminan en manos de la minería ilegal o son contrabandeados hacia Ecuador. La incapacidad de la Sucamec para identificar estas adquisiciones anómalas de forma temprana sugiere una negligencia que el Ejecutivo aún no explica.
Una herencia de sangre que se agudiza en cada gestión
La espiral de violencia armada no ha dado tregua en las últimas administraciones. Durante el período de José María Balcazar, el 71.3% de los 943 crímenes registrados por el Sinadef fueron por proyectil de arma de fuego, una tendencia similar a la reportada en la gestión de José Jerí. Estas cifras reflejan el impacto letal de un Estado que ha permitido que el control territorial sea disputado por mafias que imponen su ley a balazos. Mientras la gestión de Dina Boluarte cerró con 3,657 muertes por bala, la actual administración parece incapaz de frenar un negocio que se ofrece impunemente incluso en sitios clandestinos de la web.
Lo que falta aclarar
- ¿Por qué la Sucamec permitió que la importación de fusiles AR-15 para supuestos fines deportivos se multiplicara exponencialmente sin activar alertas sobre su posible desvío a la minería ilegal?
- ¿Qué medidas de contrainteligencia se están ejecutando para identificar y purgar a los presuntos malos elementos de la PNP y FF.AA. señalados como proveedores del mercado negro?
- ¿Cuál es el plan operativo para recuperar las más de 182,000 armas con licencias dadas de baja que aún no han sido ingresadas a los almacenes del Estado?
- ¿Por qué los mercados de Tacora y Las Malvinas siguen operando como centros de abastecimiento de armamento a plena luz del día y sin intervenciones definitivas?
