Diresa Huánuco: S/47 mil mensuales para frenar un desalojo que debió evitarse hace años

Tras un lustro de ocupación precaria, la Beneficencia pacta un alquiler de emergencia que evidencia la falta de planificación y el gasto reactivo del Gobierno Regional.

La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Huánuco ha optado por la salida más onerosa para subsanar una crisis de infraestructura que arrastra desde 2019. Bajo la sombra de un inminente desalojo judicial, la entidad ha formalizado un contrato de alquiler con la Sociedad de Beneficencia por la suma de 47,300 soles mensuales. Este pacto, lejos de ser un logro de gestión, se presenta como un salvataje de último minuto que compromete más de medio millón de soles al año del presupuesto público para legalizar una permanencia que durante cinco años operó en la precariedad absoluta en el local del Jr. Dámaso Beraún N° 1017.

Un lustro operando al margen de la legalidad

Resulta cuestionable que la máxima autoridad sanitaria de la región haya funcionado durante un quinquenio en condición de ocupante precaria. Según los antecedentes del caso, la presión de una orden judicial de lanzamiento —que debió ejecutarse originalmente el pasado 19 de julio— forzó al Gobierno Regional a negociar un contrato que debió existir desde el inicio de la ocupación. Esta gestión reactiva, que solo parece movilizarse ante la amenaza de la fuerza pública, revela una alarmante carencia de planificación patrimonial en el sector Salud de Huánuco.

Fractura y dudas en el directorio de la Beneficencia

El acuerdo no gozó de respaldo unánime, lo que acentúa las dudas sobre la idoneidad de sus términos. Mientras los directores Fredy Ruiz, Julio Noreña y Norka Mendoza votaron a favor de legalizar la permanencia de la Diresa, el propio presidente del directorio, Baltazar Vara Berrospi, manifestó su rechazo con un voto en contra. A esta división se suma la ausencia de Mao Tarazona en una sesión determinante para el patrimonio de la institución. Que el representante de la Municipalidad de Huánuco, quien encabeza la Beneficencia, no haya suscrito el pacto sugiere que las condiciones podrían no ser las más ventajosas para la entidad propietaria.

La cláusula de allanamiento: el sello de la desconfianza

La fragilidad de este compromiso queda sellada en una cláusula de allanamiento ante posibles impagos. Según detalló la presidencia de la Beneficencia, este mecanismo legal permitirá un desalojo inmediato si el Gobierno Regional vuelve a incurrir en morosidad. Con un contrato de apenas un año de vigencia, la Diresa no ha obtenido estabilidad, sino apenas una tregua temporal. El uso de este tipo de cláusulas es la prueba fehaciente de la desconfianza que genera el Gobierno Regional como inquilino tras años de evadir sus responsabilidades contractuales.

Lo que falta aclarar

• ¿Bajo qué criterios técnicos y de mercado se aceptó pagar S/47,300 mensuales por un inmueble que la Diresa ya ocupaba de forma irregular?
• ¿Qué acciones legales o administrativas se tomarán para recuperar los montos que la Beneficencia dejó de percibir desde que la ocupación fue declarada precaria en 2019?
• ¿Existe un proyecto real y cronograma para una sede propia o se seguirá hipotecando el presupuesto regional en alquileres de emergencia para evitar costos políticos?