Puente Tingo María-Castillo Grande: El millonario costo de la ineficiencia en Huánuco

Tras años de parálisis y pagos por obras no ejecutadas, el Gobierno Regional de Huánuco deberá inyectar S/ 51.4 millones adicionales para salvar una estructura deficiente.

Lo que debió ser una solución de conectividad para Huánuco se ha transformado en un barril sin fondo que ya compromete S/ 83 millones del erario público. El nuevo expediente técnico de saldo de obra, presentado por el ingeniero César Cornejo del Consorcio Tingos, revela una realidad alarmante: a los S/ 32 millones ya desembolsados —que incluyen adelantos y gastos previos— se le deben sumar ahora S/ 51.4 millones solo para terminar los trabajos civiles. Esta cifra final pulveriza el presupuesto original de S/ 52 millones, dejando en evidencia una gestión de recursos que, lejos de la eficiencia, parece haber navegado entre la negligencia y el cálculo político errado.

Pagos en exceso y un avance físico ficticio

La exposición técnica ante la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional de Huánuco (Gorehco) desnudó una contradicción financiera insostenible. Según el informe, hasta el año 2022 el avance real de la obra fue apenas del 39.31%, valorizado en poco más de S/ 20.4 millones. Sin embargo, al Consorcio Puente Tingo se le pagó como si hubiera avanzado el 46.63%, desembolsando S/ 24.2 millones. Esta diferencia entre lo construido y lo pagado es solo la punta del iceberg de una cadena de irregularidades que ahora el Gorehco pretende subsanar con más dinero de todos los peruanos.

El lastre de una estructura metálica inservible

El diagnóstico del saldo de obra es lapidario respecto a los componentes actuales. Mientras se intenta rescatar los estribos y el pilón central con intervenciones de limpieza y refuerzo, la estructura metálica ha sido declarada no apta para el proyecto. Según el representante del Consorcio Tingos, será necesaria la fabricación, traslado y montaje de una estructura totalmente nueva. Esto plantea una interrogante severa sobre la calidad de los materiales permitidos en la etapa anterior y el nulo control de supervisión que llevó a la oxidación y el deterioro de elementos que hoy deben ser reemplazados de forma integral.

La millonaria deuda del contratista saliente

El corte técnico-financiero concluye que el Gobierno Regional tiene la obligación de recuperar S/ 11.55 millones de la empresa que ejecutó la obra hasta el 2022. Esta cifra se desglosa en S/ 3.81 millones por partidas deficientes, S/ 1.59 millones por reajustes y, lo más grave, S/ 6.16 millones en adelantos directos y de materiales que nunca fueron amortizados. La impunidad con la que el contratista anterior abandonó el proyecto, dejando materiales expuestos a la oxidación y cuentas pendientes, exige una acción legal inmediata por parte de la procuraduría regional.

Lo que falta aclarar

• ¿Qué acciones legales concretas ha iniciado el Gorehco para garantizar la recuperación de los S/ 11.55 millones que adeuda el consorcio anterior, o se pretende que ese vacío lo cubra el presupuesto público?
• ¿Quiénes fueron los funcionarios responsables de autorizar pagos por un avance del 46.63% cuando técnicamente solo se había ejecutado el 39.31%?
• Si la estructura metálica no es apta para el puente, ¿existió una negligencia en la custodia de los materiales o se adquirieron componentes que no cumplían con las especificaciones técnicas desde el inicio?
• ¿Bajo qué criterios técnicos el Consorcio Tingos desestima las observaciones de la Contraloría General de la República sobre la falta de ensayos técnicos en la obra?