Líder awajún admite que minería ilegal sostiene comunidades ante abandono del Estado
Tras el encuentro con el papa León XIV, en Pucallpa, Néstor Reátegui, representante del pueblo awajún, encendió el debate al manifestar la minería ilegal está ayudando directamente a las comunidades que nunca han tenido ingresos económicos por el abandono del Estado.

Fuente de imagen: La República
Néstor Reátegui reveló que la falta de servicios básicos empuja a familias indígenas a aceptar actividades ilícitas para financiar educación y salud.
En una declaración que pone en evidencia el colapso de la presencia estatal en las zonas fronterizas, Néstor Reátegui Daniel, representante del pueblo awajún de Condorcanqui (Amazonas), afirmó que la minería ilegal se ha convertido en el sustento económico de comunidades históricamente abandonadas. Durante el encuentro con el papa León XIV en Pucallpa, el dirigente admitió que estas actividades ilícitas avanzan precisamente donde el Estado ha dejado un vacío crítico, generando una contradicción alarmante entre la legalidad ambiental y la supervivencia básica de las familias indígenas.
La paradoja de la supervivencia ilícita
Reátegui fue tajante al señalar que la minería ilegal está ayudando directamente a comunidades que nunca han percibido ingresos económicos debido a la desatención gubernamental. Según el líder awajún, ante la carencia de apoyo estatal, diversas familias recurren a los recursos derivados de esta actividad para costear la educación de sus hijos y mejorar sus condiciones de vida. Aunque reconoció que la ilegalidad no debería existir en territorios indígenas, cuestionó la inacción de las autoridades con una pregunta directa: «¿Cuándo el Estado va a venir a dar ayuda?».
Consentimiento comunitario y crisis sistémica
El dirigente reveló un dato crítico: las dragas operan en ciertos sectores con el consentimiento de las propias comunidades y por invitación de pobladores o apus, a pesar de reconocer explícitamente que son ilegales. Esta situación se suma a una crisis estructural que incluye la tala indiscriminada de madera y deficiencias graves en salud y educación. Paralelamente, la lideresa shipiba Susy Díaz Gonzales denunció que la discriminación y la falta de aplicación de la consulta previa han dejado los territorios expuestos a invasiones, derrames de petróleo y economías ilícitas que contaminan las fuentes de vida.
El costo humano y ambiental
El impacto de esta anomia estatal no es solo económico. El Colectivo País Seguro (PAS) subrayó que la minería irregular, mencionada por el papa León XIV como una actividad que ha dejado serias heridas en la Amazonía, arrastra consigo delitos graves como la explotación laboral y la trata de personas. Mientras los jóvenes de Ucayali reclaman protección para sus bosques y respeto a sus derechos, la realidad descrita por Reátegui confirma que el Estado ha permitido que el crimen organizado se convierta en el proveedor de servicios básicos para los pueblos originarios.
Lo que falta aclarar
- ¿Qué planes concretos de inversión social tiene el Estado para sustituir la economía de la minería ilegal en Condorcanqui?
- ¿Cómo explica el Ministerio del Interior que las dragas operen con el consentimiento de los apus sin que haya una intervención efectiva del Estado?
- ¿Cuál es la respuesta oficial ante la denuncia de Susy Díaz Gonzales sobre la no aplicación de la consulta previa y el asesinato de hermanos indígenas?
