Caso Cerimedo: los AUDIOS que ponen en aprietos al Gobierno de Fujimori
Un nuevo audio atribuido al operador argentino Fernando Cerimedo revela conversaciones sobre actas electorales, técnicos trabajando desde Perú y Argentina y una presunta infiltración informática. El interlocutor sería un exmarino vinculado a Fuerza Popular. Mientras Keiko Fujimori niega haber trabajado con el consultor, las revelaciones se acumulan y crecen las exigencias de una investigación sobre el proceso electoral que la llevó a Palacio de Gobierno por una diferencia de apenas 49.641 votos.

Un nuevo audio atribuido al operador argentino Fernando Cerimedo revela conversaciones sobre actas electorales, técnicos trabajando desde Perú y Argentina y una presunta infiltración informática. El interlocutor sería un exmarino vinculado a Fuerza Popular. Mientras Keiko Fujimori niega haber trabajado con el consultor, las revelaciones se acumulan y crecen las exigencias de una investigación sobre el proceso electoral que la llevó a Palacio de Gobierno por una diferencia de apenas 49.641 votos.
La historia comienza a adquirir dimensiones de escándalo político. Un consultor argentino detenido en Bolivia, un exoficial de la Marina peruana, un sistema tecnológico de conteo paralelo y conversaciones sobre el procesamiento de actas electorales forman parte de una trama que amenaza con convertirse en uno de los mayores dolores de cabeza del gobierno de Keiko Fujimori.
La última revelación fue publicada el 13 de noviembre por Epicentro TV, en un reportaje de Daniel Yovera que identifica al interlocutor peruano de Fernando Cerimedo como Wilson Gómez-Barrios, oficial retirado de la Marina de Guerra y vinculado a la campaña de Fuerza Popular.
Se trata de una conversación de casi diez minutos, difundida inicialmente por el portal Jesús Próspero y posteriormente por Brújula Digital de Bolivia. En ella, la voz atribuida a Cerimedo habla del seguimiento de los resultados electorales, las actas observadas, las coordinaciones con el partido y el trabajo de técnicos distribuidos entre dos países.
Pero hay una expresión que sobresale sobre las demás: «los teníamos infiltrados».
¿A quiénes se refería? ¿Dónde estaban esas personas? ¿Qué información podían obtener? Son preguntas que no pueden quedar enterradas bajo el silencio político.
UN ARGENTINO QUE HABLABA COMO DUEÑO DEL CONTEO
La grabación ofrece detalles sobre una operación de seguimiento electoral que habría funcionado mediante un sistema conocido como Ojo de Cóndor, utilizado por colaboradores del entorno fujimorista para realizar un conteo paralelo.
Cerimedo afirma que su equipo disponía de las actas y las comparaba con los documentos que publicaba la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). También habla de aproximadamente 1.500 actas observadas cuyo contenido, según sostiene, ya había sido procesado por sus colaboradores.
La situación se vuelve especialmente delicada cuando menciona 932 actas de Lima que, de acuerdo con sus cálculos, podían representar unos 22.000 votos adicionales para Fujimori.
No es una cifra cualquiera. La segunda vuelta del 7 de junio terminó con una diferencia oficial de apenas 49.641 votos entre Fujimori y Roberto Sánchez. En una elección tan ajustada, el tratamiento de miles de actas era decisivo para determinar el resultado.
El consultor también señala que era necesario acelerar la resolución de las actas pendientes ante los Jurados Electorales Especiales. Su manera de expresarse refleja conocimiento de las preocupaciones y estrategias del sector que seguía la votación fujimorista.
Tener un sistema paralelo para revisar resultados públicos no constituye por sí mismo una irregularidad. Lo que merece esclarecimiento es el alcance de esa operación, quién la dirigía, cómo se financiaba y qué significaban las alusiones a infiltrados y sistemas internos.
EL EXMARINO Y EL MISTERIOSO «ACCIONISTA»
La identificación de Wilson Gómez-Barrios agrega otra pieza al rompecabezas.
Según Epicentro TV, el exoficial, conocido como «Cucho», ya había aparecido relacionado con Cerimedo a través de un grupo de WhatsApp denominado Defensores del Perú, vinculado al respaldo a la candidatura fujimorista.
En el audio, el interlocutor anuncia que está acompañado por una persona a la que denomina «el accionista». Posteriormente permite que ese tercero escuche las explicaciones del argentino.
¿Quién era aquel personaje? ¿Tenía alguna responsabilidad en la operación tecnológica? ¿Era un financista, un colaborador o simplemente alguien interesado en conocer los resultados?
La grabación no ofrece su identidad. Precisamente por eso, su identificación resulta una de las diligencias pendientes más importantes.
Fuentes consultadas por Epicentro sostienen que Cerimedo fue convocado tres días antes de la segunda vuelta, cuando la campaña proselitista ya había concluido, para participar en labores de vigilancia del conteo.
Esa explicación, lejos de cerrar el episodio, obliga a precisar quién solicitó sus servicios, quién autorizó su participación y qué relación mantenía con los responsables partidarios.
LA NEGATIVA DE FUJIMORI FRENTE A LAS REVELACIONES
El caso también enfrenta al Gobierno con sus propias declaraciones.
El 2 de septiembre, Keiko Fujimori negó públicamente que Cerimedo hubiera participado en su campaña electoral. Descartó además cualquier relación personal o laboral con el consultor argentino.
Sin embargo, investigaciones posteriores de La República documentaron encuentros y contactos que requieren una explicación más precisa.
Una fotografía muestra a Fujimori y Cerimedo durante una gala celebrada en Florida el 10 de febrero de 2026. El mismo diario informó que el argentino ingresó cuatro veces al Perú entre diciembre de 2024 y julio de 2026, incluida una visita coincidente con las fechas de la investidura presidencial.
A ello se suma un vínculo indirecto que merece atención: Fuerza Popular contrató al argentino Federico Falco, quien había trabajado con Cerimedo durante la campaña de Javier Milei. Según la rendición de cuentas electoral citada por La República, el partido pagó a Falco S/ 32.765 por capacitación en manejo de redes sociales.
El contrato de Falco no demuestra una contratación de Cerimedo. Sin embargo, la presidenta y su partido deberían esclarecer la participación de los distintos asesores extranjeros y la eventual existencia de acuerdos relacionados con el sistema de conteo paralelo.
EL PRIMER AUDIO YA HABÍA ENCENDIDO LAS ALARMAS
La conversación con Gómez-Barrios no constituye una revelación aislada.
Días antes, la prensa boliviana difundió otra grabación en la que Cerimedo conversaría con el presidente Rodrigo Paz sobre los resultados de las elecciones peruanas.
En aquel diálogo, la voz atribuida al argentino aseguraba que Fujimori había ganado gracias al voto del extranjero. También afirmaba haber facilitado un sistema de conteo apoyado en inteligencia artificial.
La República vinculó esas declaraciones con Ojo de Cóndor, una plataforma de seguimiento electoral promovida por colaboradores relacionados con la Asociación Unión Naval, presidida por el contralmirante en retiro Andrés Salas Jaén.
Dos grabaciones distintas apuntan, por tanto, hacia una misma operación de seguimiento electoral. La tarea consiste ahora en establecer si las afirmaciones del consultor corresponden a actividades efectivamente realizadas y quiénes participaron en ellas.
MÁS DE MIL AUDIOS Y UNA INVESTIGACIÓN QUE CRUZA FRONTERAS
El caso adquiere una dimensión internacional por la situación judicial de Cerimedo en Bolivia, donde permanece bajo detención preventiva por graves acusaciones penales, incluida una investigación por presunta tentativa de feminicidio contra su expareja Nadia Beller.
Un informe del Instituto de Investigaciones Forenses boliviano identificó en uno de sus teléfonos 1.108 archivos de audio, 688 videos y 9.370 imágenes, además de otros registros digitales.
Las autoridades bolivianas han dispuesto actuaciones fiscales para examinar grabaciones difundidas públicamente, algunas de las cuales involucran a funcionarios de aquel país.
La autenticidad integral del audio referido a las elecciones peruanas todavía requiere una pericia formal. Corresponde establecer su procedencia, integridad, fecha e identidad de los participantes, además de contrastar las afirmaciones con documentos y comunicaciones.
Pero la falta de esas diligencias no es una justificación para la inacción. Es precisamente la razón para realizarlas.
EL CONGRESO TIENE LA PALABRA
En el Perú, las bancadas de Obras y Juntos por el Perú han planteado la creación de comisiones investigadoras sobre las actividades de Cerimedo durante las elecciones generales de 2026.
Las iniciativas contemplan investigaciones de 120 y 180 días, respectivamente, para esclarecer sus posibles vínculos con Fuerza Popular, sus relaciones con asesores cercanos al Gobierno y la utilización de herramientas tecnológicas durante el proceso electoral.
La Fiscalía también debería establecer si existen elementos suficientes para abrir las investigaciones que correspondan y solicitar cooperación judicial a Bolivia, especialmente respecto de las comunicaciones vinculadas al Perú.
La ONPE y los organismos electorales, por su parte, tienen una responsabilidad concreta: explicar públicamente los mecanismos de seguridad aplicados al procesamiento de actas, las condiciones de acceso a sus sistemas y las garantías de integridad del escrutinio.
El resultado oficial fue contabilizado al cien por ciento y proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones. Esa proclamación es un hecho institucional. Las sospechas sobre la actuación de terceros deben examinarse con pruebas, no con especulaciones ni consignas partidarias.
EL SILENCIO NO PUEDE SER LA RESPUESTA
El país no puede acostumbrarse a que las cuestiones más sensibles de una elección presidencial terminen rodeadas de conversaciones privadas, asesores extranjeros y explicaciones incompletas.
Fuerza Popular tiene la obligación política de responder quién convocó a Cerimedo, quién pagó por los servicios tecnológicos, qué papel desempeñaron los exmilitares vinculados al conteo paralelo y por qué un consultor ajeno a las autoridades electorales hablaba con semejante conocimiento de las actas observadas.
También debe conocerse quién era el llamado «accionista» y qué quiso decir el argentino cuando habló de infiltrados.
No corresponde dar por acreditada una manipulación electoral sin una investigación que la demuestre. Pero tampoco resulta aceptable que las revelaciones sean tratadas como un episodio incómodo destinado a desaparecer de los titulares.
Cuando una elección presidencial se define por menos de cincuenta mil votos y aparecen grabaciones sobre operadores privados que seguían el escrutinio desde dos países, el esclarecimiento deja de ser un asunto exclusivo de los partidos. Se convierte en una exigencia democrática.
La presidenta puede negar su relación con Cerimedo. Lo que ya no puede evitar es que sus explicaciones sean confrontadas con documentos, registros y testimonios.
El país merece conocer lo ocurrido. Y quienes ocuparon posiciones de poder durante aquel proceso deben responder con hechos, no con evasivas.
