Keiko ante Bukele: La mano dura se queda sin libreto

La advertencia del mandatario salvadoreño expone los límites de una política que busca legitimidad en experiencias extranjeras antes de demostrar capacidad para responder a los problemas del Perú.

La declaración de Nayib Bukele resulta incómoda por su sencillez. El mandatario sostuvo ante Keiko Fujimori que reproducir su estrategia de seguridad en el Perú carecería de sentido debido a las diferencias entre ambos países. “Copiarlo idéntico no tendría sentido”, afirmó. La advertencia cuestiona cualquier pretensión de presentar la experiencia salvadoreña como una solución universal y obliga a discutir la consistencia de las propuestas nacionales.

La escena permite una lectura severa: buscar cercanía con un gobernante reconocido por su política de seguridad no acredita capacidad para gobernar. Una fotografía transmite afinidad y puede producir titulares favorables, pero difícilmente reemplaza un diagnóstico. Cuando la población reclama protección, convertir su angustia en una oportunidad de posicionamiento político constituye una irresponsabilidad que merece ser denunciada.

El cuestionamiento a Fujimori debe concentrarse en esa distancia entre representación y resultados. Gobernar exige decisiones propias, prioridades claras y responsabilidades identificables. Admirar una experiencia extranjera puede ser útil si permite aprender. Sin compromisos verificables, esa admiración funciona como prestigio prestado: se proyecta autoridad mediante una asociación personal mientras quedan pendientes las respuestas que necesita la ciudadanía.

Una estrategia debe soportar preguntas

Toda propuesta de seguridad debería responder interrogantes elementales: qué delitos pretende reducir, dónde concentrará sus recursos, quién coordinará las intervenciones y cuándo se evaluarán los avances. Si las respuestas se disuelven entre promesas de firmeza y referencias a gobiernos extranjeros, existen razones para desconfiar. La contundencia verbal tiene escaso valor cuando no puede traducirse en acciones concretas.

También corresponde distinguir actividad de eficacia. Los operativos, las detenciones y los anuncios de infraestructura necesitan una evaluación posterior. Su utilidad depende de que ayuden a esclarecer delitos, sostener acusaciones y prevenir nuevas agresiones. Presentarlos automáticamente como victorias favorece una gestión preocupada por exhibir movimiento, aunque no pueda demostrar mejoras sostenidas en la vida de las personas.

La mano dura tiene una ventaja comunicacional: cabe en una frase. Investigar exige hablar de pruebas, personal especializado, coordinación y seguimiento. Precisamente por eso, una autoridad responsable debe evitar que el rendimiento publicitario determine sus prioridades. Su obligación incluye explicar tareas complejas y sostenerlas, incluso cuando producen menos aplausos que una amenaza pronunciada ante las cámaras.

El castigo exige investigación

Una prisión monumental puede transmitir encierro, control y severidad. Sin embargo, ninguna construcción responde por sí sola cómo identificar a los responsables de un delito, acreditar su participación y desarticular sus redes. Convertir la cárcel en símbolo suficiente de una estrategia revela una comprensión limitada de las capacidades que el Estado necesita desarrollar.

La ciudadanía requiere prevención, investigación y sanciones sustentadas. Cada etapa exige recursos y competencias diferentes. Una política centrada en mostrar castigo corre el riesgo de relegar el trabajo que permite aplicar ese castigo correctamente. La firmeza adquiere legitimidad cuando recae sobre responsables identificados mediante pruebas y procedimientos capaces de resistir el escrutinio.

Por eso resulta indispensable preguntar cómo se protegerá a las personas frente al error y la arbitrariedad. Esa preocupación alcanza al trabajador intervenido cuando regresa a casa, al joven detenido en la calle y a la familia sin recursos para defenderse. Las garantías tienen consecuencias concretas sobre ciudadanos que también esperan protección del Estado.

Ofrecer severidad sin explicar controles constituye una comodidad política. Permite cosechar el respaldo de quienes suponen que el poder siempre acertará y que cualquier equivocación perjudicará a otros. Gobernar obliga a responder también por esos errores. La libertad individual no puede quedar subordinada a la necesidad de exhibir resultados inmediatos.

La Policía necesita respaldo y fiscalización

Fortalecer a las fuerzas del orden supone mejorar su formación, equipamiento, conducción y condiciones de trabajo. También implica investigar irregularidades y corregir fallas. Presentar la fiscalización como una agresión institucional dificulta esa tarea y termina perjudicando a quienes cumplen sus funciones con honestidad.

Una autoridad debe explicar cómo selecciona a los mandos, qué hace ante denuncias documentadas y quién responde por deficiencias reiteradas. El respaldo político se vuelve sospechoso cuando sirve para evitar estas preguntas. La credibilidad institucional necesita procedimientos que permitan distinguir el servicio legítimo del abuso y la conducta profesional de la protección indebida.

Fujimori debería aceptar ese examen con especial claridad. Reclamar confianza exige ofrecer mecanismos para verificar que esa confianza está justificada. Una institución sólida puede enfrentar críticas, investigar a sus integrantes y corregirse. Exigir adhesión incondicional debilita la rendición de cuentas y transforma el debate sobre seguridad en una demanda de obediencia.

Bukele también debe ser examinado

Reconocer que las diferencias entre países importan no convierte a Bukele en una autoridad incuestionable. Cualquier estrategia debe evaluarse por sus resultados, costos, controles y sostenibilidad. La popularidad explica el interés que despierta un gobernante, pero no responde todas las preguntas sobre sus decisiones.

Aprender de otros países requiere identificar medidas específicas, revisar sus condiciones de aplicación y determinar cuáles podrían adaptarse. Invocar un “modelo” como un paquete indivisible evita ese trabajo. La discusión pública necesita evidencia y criterios, especialmente cuando están comprometidos recursos, libertades y capacidades estatales.

El miedo no es un cheque en blanco

La indignación ciudadana merece respuestas serias. Quien vive amenazado necesita protección efectiva, atención oportuna y continuidad institucional. Aprovechar esa urgencia para descalificar preguntas sobre los métodos del gobierno significa utilizar una vulnerabilidad como recurso político.

La exigencia para Fujimori es concreta: presentar una estrategia propia, explicar sus límites y aceptar evaluaciones independientes. La cooperación internacional debe producir aprendizajes y decisiones examinables. Su utilidad no queda demostrada por una fotografía.

El país tiene derecho a exigir resultados y responsabilidades. Quien pide más poder para combatir la delincuencia debe aceptar mayores exigencias sobre su uso. La autoridad se demuestra protegiendo a la población y respondiendo por las decisiones, incluso cuando se apagan las cámaras.