Keiko Fujimori quiere expulsar escolares: ¿y Quién pone orden en el Gobierno?
La presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, anunció el retorno de las expulsiones escolares. El Ministerio de Educación publicó, mediante la Resolución Ministerial N.°613-2026-MINEDU, un proyecto que contempla suspensiones, notas de conducta y separación definitiva de estudiantes por determinadas faltas. El documento todavía se encuentra en consulta pública, aunque la mandataria ya presenta estas medidas como parte de su política para imponer disciplina.
“Los más malcriados no van a estar en las aulas”, manifestó sentenciosamente la presidenta. Pero antes de imponer disciplina mediante amenazas y sanciones, habría que formularle una pregunta: ¿quién ordena a los ordenadores? Porque el desorden que diariamente padecemos no comienza en los colegios. Está instalado en muchas dependencias del propio Estado.
Basta mirar nuestros hospitales. En el Hermilio Valdizán y en EsSalud hemos visto pacientes esperando atención, ambientes insuficientes y familiares obligados a recorrer farmacias para adquirir medicinas que deberían recibir oportunamente. ¿Quién responde por esos gastos? ¿Quién sanciona la negligencia administrativa? Allí la falta de orden tiene consecuencias mucho más graves que una libreta de conducta.
Nadie pretende justificar las agresiones contra los docentes, el acoso escolar o la violencia entre alumnos. Son problemas serios que deben enfrentarse. Pero expulsar a un niño o adolescente no resuelve por sí solo las causas de su conducta. ¿Qué pasó con las escuelas para padres? ¿Dónde están los programas de orientación familiar y acompañamiento psicológico? Se anuncia el castigo con gran despliegue, mientras la prevención permanece relegada.
La señora Fujimori debería mostrar la misma energía para atender el desempleo, los salarios insuficientes y las dificultades de los hogares. A muchos padres apenas les alcanza para alimentación, uniformes, calzado, útiles y las constantes contribuciones que les solicitan en los centros educativos. Pedirles que asuman solos la formación de sus hijos, mientras el Estado reduce su respuesta al castigo, es desconocer esa realidad.
Hasta las canastas navideñas que reciben algunos trabajadores de instituciones públicas son adquiridas con aportaciones de sus propios bolsillos, sin que sus empleadores hayan puesto siquiera un grano de arroz. Esa es la realidad económica que merece la atención de quienes gobiernan.
Y si hablamos de imponer orden, miremos lo ocurrido en el Senado. La Cámara de Diputados redujo las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo; sin embargo, desde la Comisión de Constitución de la Cámara Alta se intentó incorporar asuntos adicionales. En la sesión del 15 de octubre, una cuestión de orden obtuvo, según el conteo de la secretaría técnica, siete votos favorables y seis contrarios. La presidencia de Carlos Mesía cuestionó el resultado y se produjo una controversia que terminó con el retiro de legisladores opositores y la suspensión del debate.
¿Qué ejemplo ofrecen quienes discuten hasta el reconocimiento de una votación? La delegación de facultades no puede convertirse en un cheque en blanco para el Gobierno. Tampoco debe utilizarse la lucha contra la delincuencia para debilitar las competencias del Ministerio Público o los derechos ciudadanos.
La autoridad no consiste en demostrar quién castiga más. Se demuestra cuando funcionan los hospitales, cuando se respetan las votaciones, cuando los funcionarios rinden cuentas y cuando las familias encuentran apoyo para educar a sus hijos. El pueblo conserva, además, el derecho de protestar pacíficamente frente a decisiones que considere arbitrarias.
No podemos guardar silencio ante medidas que privilegian la sanción mientras permanecen sin respuesta los grandes problemas del país. Antes de pretender expulsar a los escolares malcriados, señora presidenta, comience por poner orden en su propio gobierno. ¡No hay medias tintas que valgan!
