Emergencia sin resultados: Ejecutivo extiende medidas en 9 regiones ante el avance criminal
El Ejecutivo oficializó medidas por 60 días para enfrentar la criminalidad y otras situaciones de violencia. También extendió el estado de emergencia en zonas de Ayacucho, Huancavelica, Junín y Cusco.
Fuente de imagen: La República
Con la oficialización de cuatro decretos, el Gobierno suma a Pisco a la lista de zonas bajo control excepcional y prolonga restricciones en el norte y el VRAEM.
La incapacidad para frenar la ola delictiva vuelve a quedar expuesta en el papel oficial. Este sábado 19 de septiembre, el Gobierno de turno oficializó una nueva batería de decretos supremos que someten a diversas regiones del país a regímenes de excepción, una fórmula que se vuelve repetitiva ante la falta de una estrategia integral. Con la publicación del Decreto Supremo N.° 132-2026-PCM, los distritos de Pisco y San Andrés (Ica) se incorporan oficialmente al mapa de la emergencia por un periodo de 60 días, una medida que busca paliar el desborde de la criminalidad y la violencia que el Ejecutivo no ha logrado contener mediante los canales ordinarios de seguridad ciudadana.
Pisco y San Andrés: el nuevo foco del descontrol
La declaratoria de emergencia en la provincia de Pisco por 60 días calendario responde, según el dispositivo legal, a la necesidad de reforzar la seguridad ante el incremento de hechos delictivos. Sin embargo, la norma no detalla cuáles serán los indicadores de éxito para esta intervención ni de qué manera se evitará que estos dos meses se conviertan en una simple pausa temporal antes de una prórroga inevitable, como ya ocurre en el resto del territorio nacional.
Prórrogas crónicas en el norte y la zona centro-sur
En el norte, la situación parece estancada. El Ejecutivo extendió por 60 días adicionales el estado de emergencia en Zarumilla y Tumbes (DS N.° 133-2026-PCM) a partir del 25 de septiembre. Lo mismo ocurre en La Libertad, donde las provincias de Trujillo, Virú y Chepén seguirán bajo esta medida desde el 23 de septiembre (DS N.° 134-2026-PCM). Estas extensiones sistemáticas solo confirman que los plazos iniciales fueron insuficientes y que la presencia policial y militar bajo este régimen no está logrando desarticular las estructuras criminales de fondo.
El eje energético y el VRAEM bajo régimen de excepción
Finalmente, el Decreto Supremo N.° 135-2026-PCM prolonga el estado de emergencia en puntos críticos de Ayacucho, Huancavelica, Junín y Cusco. La medida, que rige desde el 23 de septiembre, abarca doce distritos y ocho centros poblados, incluyendo zonas estratégicas como el Eje Energético del Gas de Camisea y el Corredor Operacional Fluvial-Terrestre del Ene. La persistencia de esta situación en áreas de alta sensibilidad económica y social subraya la vulnerabilidad del Estado en territorios donde la ley parece ser la excepción y no la regla.
Lo que falta aclarar
- ¿Cuáles son las cifras exactas de reducción de criminalidad que justifican mantener a Trujillo y Tumbes en emergencia por meses sin lograr una normalización?
- ¿Por qué el Gobierno insiste en la declaratoria de emergencias focalizadas en lugar de presentar un plan de reforma policial y judicial de largo aliento?
- ¿Qué garantías existen de que la inclusión de Pisco y San Andrés en este régimen no sea solo una respuesta reactiva ante la presión mediática por la violencia reciente?
