27 de noviembre: Día Internacional contra el Matrimonio Infantil

Mientras la ONU oficializa una fecha contra las uniones forzadas, América Latina arrastra 25 años de inacción y casos atroces de trata de niñas.

El reciente rescate de una niña peruana y otra ecuatoriana, ambas de apenas 10 años, víctimas de un “trueque” entre abusadores, ha puesto nuevamente en evidencia la precariedad de la protección estatal en la región. En este contexto de vulnerabilidad extrema, la Asamblea General de la ONU adoptó el pasado 4 de septiembre una resolución que establece el 27 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación del Matrimonio Infantil, Precoz y Forzado. Sin embargo, más allá del simbolismo diplomático impulsado por naciones como Sierra Leona, Costa Rica y Marruecos, la realidad de las cifras es demoledora: según estimaciones de UNICEF, América Latina y el Caribe no han registrado reducción alguna en los índices de matrimonio infantil en los últimos 25 años, proyectándose como la segunda región con mayor prevalencia para el 2030.

El estancamiento de una región indiferente

A diferencia de otras zonas del mundo que muestran avances, el 21% de las mujeres entre 20 y 24 años en nuestra región fueron casadas o unidas antes de cumplir la mayoría de edad. El texto de la resolución internacional, respaldado por 38 naciones, busca que los gobiernos dejen de invisibilizar este delito bajo el pretexto de costumbres culturales o necesidades económicas. En la actualidad, 650 millones de mujeres en el mundo cargan con las secuelas de uniones tempranas, una cifra que crece a un ritmo de 12 millones de niñas cada año, exponiéndolas a violencia sexual, embarazos forzados y la anulación sistemática de sus proyectos de vida.

Leyes que no bastan sin voluntad política

Si bien países como Ecuador y Panamá prohibieron la práctica en 2015, y Colombia recientemente eliminó excepciones legales mediante la Ley 2447 de 2025, la normativa sigue siendo letra muerta en los rincones más alejados del continente. El caso de India, citado como referente de gestión, demuestra que la solución no es solo legislativa: allí, la organización Just Rights for Children logró evitar más de 550,000 matrimonios infantiles mediante la acción directa y, crucialmente, el procesamiento judicial de padres y oficiantes religiosos. En contraste, en el ámbito local, la falta de presupuestos asignados y sistemas de denuncia sólidos perpetúa un ciclo donde el abusador es tolerado por su comunidad.

Lo que falta aclarar

• ¿Qué acciones concretas y qué presupuesto específico asignará el Estado peruano para que el 27 de noviembre no sea solo una efeméride vacía de contenido real?
• ¿Por qué América Latina ha sido incapaz de reducir sus índices de matrimonio infantil en un cuarto de siglo, mientras otras regiones del mundo reportan progresos significativos?
• ¿Cómo garantiza el sistema de justicia que casos de “trueque” de menores, como el detectado el mes pasado, terminen en condenas efectivas no solo para los captores, sino para todos los cómplices en la cadena de custodia?
• ¿Existe un plan real para reincorporar al sistema educativo a las niñas que hoy están fuera de las aulas debido a uniones tempranas, tal como se implementó con éxito en el modelo de India?