Minjus reacciona ante leyes ‘procrimen’ con una comisión que solo tendrá 30 días
Con un plazo inicial de 30 días hábiles, el nuevo grupo de trabajo formulará propuestas de reforma sobre los plazos prescripción, la colaboración eficaz, la extinción de dominio y el crimen organizado.
Fuente de imagen: La República
El sector liderado por Ernesto Álvarez Miranda busca reformar normas de crimen organizado y colaboración eficaz, pero el ajustado plazo genera dudas sobre su efectividad.
Frente al evidente retroceso en la lucha contra la impunidad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) oficializó la creación de un grupo de trabajo temporal encargado de revisar las polémicas modificaciones legales que han debilitado el sistema penal. La resolución ministerial, publicada el domingo 23 de agosto con la firma del ministro Ernesto Álvarez Miranda, otorga a esta comisión la titánica tarea de formular propuestas de reforma sobre la prescripción de delitos, la colaboración eficaz y el crimen organizado en un plazo que parece insuficiente para la magnitud de la crisis institucional.
Una revisión contra el reloj en un escenario adverso
El grupo de trabajo nace con una vigencia de apenas 30 días hábiles para analizar de forma integral los cambios legislativos recientes que, según admite el propio documento oficial, han impactado negativamente en la persecución penal. Esta medida busca corregir los vacíos normativos en figuras clave como la extinción de dominio, una herramienta que ha estado bajo constante asedio desde diversos sectores políticos. Aunque la norma permite prorrogar este plazo, la urgencia de la respuesta gubernamental evidencia una reacción tardía ante un marco legal que ya está operando a favor de intereses cuestionables.
Burocracia interna para enfrentar reformas complejas
La conformación de esta mesa técnica es estrictamente sectorial. Según la resolución, el grupo será presidido por el Viceministro de Justicia e integrado por el Viceministro de Derechos Humanos, el presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE y el Director General de Asuntos Criminológicos. Si bien la norma contempla la posibilidad de convocar a especialistas o instituciones externas en calidad de invitados, la responsabilidad recae sobre un círculo cerrado de funcionarios que deberán evaluar el daño causado por leyes que el propio Ejecutivo no pudo o no quiso frenar en su momento.
El desafío de pasar del informe a la acción
Las funciones asignadas incluyen la elaboración de proyectos de ley y el envío de informes mensuales al despacho de Álvarez Miranda. Sin embargo, el historial de comisiones técnicas en el país sugiere que el verdadero obstáculo no es el diagnóstico —ya advertido por la academia y la sociedad civil— sino la voluntad política para que estas reformas prosperen en un Congreso que ha sido el principal promotor de las leyes hoy cuestionadas. El informe final, que asumirá la Dirección General de Asuntos Criminológicos, deberá ser el sustento para revertir el debilitamiento de la justicia penal.
Lo que falta aclarar
- ¿Es viable realizar un análisis técnico serio de instituciones tan complejas como la colaboración eficaz y el crimen organizado en un plazo de solo 30 días?
- ¿Qué mecanismos de presión ejercerá el Minjusdh para que sus propuestas de reforma no sean archivadas de inmediato por el Legislativo?
- ¿Por qué se esperó a que las normas ‘procrimen’ surtieran efectos en procesos judiciales vigentes antes de convocar a este grupo de evaluación?
