Petroperú: Gestión de Lizarzaburu sacrifica derechos ante el avance de ProInversión
La cúpula de la petrolera estatal justifica el impago de utilidades y la pérdida de autonomía técnica mientras 12 sindicatos evalúan medidas de fuerza.
La reunión del pasado viernes 22 de mayo entre el presidente del directorio de Petroperú, Edmundo Lizarzaburu, y los representantes de 12 sindicatos, lejos de apagar el incendio interno, ha avivado las llamas de la desconfianza. En un escenario de crisis financiera extrema, la administración parece haber optado por una estrategia de repliegue: ceder la conducción estratégica a ProInversión y postergar compromisos laborales elementales, bajo la cuestionable premisa de que la urgencia operativa justifica la vulneración de derechos adquiridos.
El tutelaje de ProInversión y la pérdida de autonomía
Bajo el amparo del Decreto de Urgencia 003-2026, la injerencia de ProInversión en la petrolera ha dejado de ser una posibilidad para convertirse en un cogobierno que incomoda a las bases. Según fuentes internas, Lizarzaburu ha calificado a esta entidad como el «brazo derecho» de la empresa, una retórica que los trabajadores interpretan como una renuncia explícita a la autonomía técnica. La preocupación es legítima: una empresa que transa combustibles diariamente no puede quedar supeditada a los tiempos y criterios de un ente externo no especializado en el mercado de hidrocarburos.
Caja vacía para el trabajador, pero no para el crudo
La revelación más crítica del encuentro fue la admisión de que el fondo destinado al pago de utilidades fue desviado para la compra de crudo y combustibles. Según denunciaron los delegados sindicales, la empresa ha condicionado el cumplimiento de este beneficio a una futura e incierta disponibilidad de liquidez. Esta decisión no solo rompe el clima laboral, sino que traslada el riesgo financiero directamente al bolsillo del empleado, quien ahora debe esperar a que la gestión de Lizarzaburu logre estabilizar las cuentas para recibir lo que por ley le corresponde.
Salud en vilo y compensaciones de fachada
La crisis ha alcanzado niveles humanitarios dentro de la estatal. Se reportó que diversas clínicas han suspendido la atención al personal y sus familias debido a que Petroperú no ha cumplido con los pagos del Programa de Asistencia Médica Familiar (PAMF), un servicio financiado en parte por los propios trabajadores. En este contexto de precariedad, el anuncio de Lizarzaburu sobre el pago de la asignación familiar (S/ 113) a partir de junio suena a una concesión mínima frente a décadas de incumplimiento y al recorte de beneficios de mayor impacto. Para los sindicatos, se trata de un intento insuficiente por frenar las medidas de fuerza que ya se cocinan en refinerías y oleoductos.
Lo que falta aclarar
- ¿Bajo qué sustento legal la administración de Petroperú decidió priorizar la compra de insumos sobre el pago de utilidades, vulnerando la prelación de obligaciones laborales?
- ¿Cuál es el cronograma exacto para el pago de la deuda con las clínicas privadas y asegurar que el personal en zonas de alto riesgo no quede desprotegido?
- ¿Qué funciones específicas de la gerencia general han sido delegadas de facto a ProInversión tras el último pronunciamiento conjunto de ambas entidades?
