ONPE cede ante partidos: grabación del escrutinio bajo reglas que rozan la ambigüedad
El acuerdo entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú para filmar el conteo de votos busca calmar tensiones, pero traslada la responsabilidad del orden a los ciudadanos en mesa.
En un intento por blindar la legitimidad de la segunda vuelta este 7 de junio, la ONPE ha formalizado un acuerdo que permite a los personeros de Fuerza Popular y Juntos por el Perú grabar el escrutinio de votos. La medida, anunciada por la vocera Katiuska Valencia tras una reunión con ambas agrupaciones, rompe con la hermeticidad tradicional del conteo, pero lo hace bajo condiciones que dejan más dudas que certezas sobre la operatividad y el control de la jornada electoral.
¿Fiscalización efectiva o riesgo de disturbios?
El acta firmada estipula que los personeros podrán registrar fotos o videos del conteo de cédulas, pero prohíbe taxativamente las transmisiones en vivo. Según Valencia, si el registro fílmico generara algún altercado, los miembros de mesa están facultados para solicitar el apoyo de las fuerzas del orden. Esta disposición traslada una carga administrativa y de seguridad crítica a ciudadanos que no necesariamente están capacitados para gestionar conflictos con militantes políticos en un escenario de alta polarización.
El vacío en la disciplina de los personeros
La ONPE ha dejado la responsabilidad de la conducta de los personeros en manos de las cúpulas partidarias. Sin embargo, la propia vocera del organismo reconoció que muchos de los colaboradores en el día de la elección no tienen un vínculo formal con los partidos, sino que actúan por interés particular. Esta admisión de falta de control orgánico sobre quienes estarán cámara en mano frente a las actas abre un flanco peligroso para la transparencia que el acuerdo supuestamente busca proteger.
Uso interno: una restricción difícil de fiscalizar
La autoridad electoral ha sido enfática en que el material obtenido solo debe tener fines de información interna para las agrupaciones. No obstante, en la era de la viralidad inmediata, no se han detallado los mecanismos de control para evitar que estas imágenes sean utilizadas para generar narrativas de fraude o desinformación antes de que el cómputo oficial concluya. El compromiso parece descansar más en la buena fe de los actores políticos que en una regulación robusta.
Lo que falta aclarar
- ¿Cuál es el protocolo exacto para que un miembro de mesa determine que una grabación está cruzando la línea hacia el «disturbio»?
- ¿Qué sanciones específicas recibirán los partidos políticos si sus personeros incumplen la prohibición de transmitir en vivo?
- ¿Cómo garantizará la ONPE que el material de «uso interno» no sea filtrado para presionar a los organismos electorales antes de los resultados oficiales?
