Huánuco: Sentencian a exdirector de Hospital Valdizán por bonos COVID-19
El Poder Judicial ordena el pago de S/ 117,080 tras detectarse que personal administrativo cobró beneficios destinados a la emergencia sanitaria.
En un fallo que pone bajo la lupa la gestión de recursos críticos durante la peor crisis sanitaria del país, el Segundo Juzgado Civil de Huánuco sentenció en primera instancia al exdirector del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano, Víctor Raúl Espíritu Ponciano, y a otros diez exfuncionarios. La jueza Juana Cercedo Falcón determinó la responsabilidad de los implicados en el otorgamiento irregular de bonificaciones extraordinarias COVID-19 a personal que, según los criterios legales vigentes, no calificaba para dichos beneficios. La demanda, interpuesta por la Procuraduría de la Contraloría, evidencia un manejo discrecional de fondos que debieron proteger la primera línea de batalla.
Desvío de fondos en plena crisis sanitaria
La investigación judicial confirmó que durante noviembre y diciembre de 2020, además de febrero de 2021, la administración del nosocomio vulneró los Decretos Supremos N° 184-2020-EF y N° 027-2021-EF. Según la sentencia, se autorizaron pagos por S/ 77,140.80 y S/ 39,650.40 a trabajadores administrativos, incluyendo secretarias, auxiliares, técnicos informáticos y hasta auditores. ¿Bajo qué lógica técnica se incluyó a personal de oficina en un beneficio diseñado exclusivamente para quienes enfrentaban el riesgo biológico directo en los pabellones hospitalarios?
Sanciones económicas y funcionarios implicados
La resolución ordena que los demandados paguen solidariamente una indemnización por daño emergente ascendente a S/ 117,080. De manera individual, el exdirector Víctor Espíritu deberá responder por S/ 112,760, mientras que los exjefes de la Unidad de Personal, Napoleón Gamarra Claudo (2020) y Avi Aponte Vega (2021), fueron sentenciados al pago de S/ 47,880 y S/ 46,080 respectivamente. La lista de responsables alcanza también a exfuncionarios como Saul Barral Fretel, Adriana Palacios León y Noe Ortega Príncipe, entre otros, quienes habrían validado los padrones sin observar el cumplimiento estricto de la norma.
Lo que falta aclarar
- ¿Qué mecanismos de control interno fallaron para que incluso el personal de auditoría, encargado de velar por la legalidad, terminara figurando en la lista de beneficiarios irregulares?
- ¿Se ha iniciado el proceso de recupero de los montos percibidos indebidamente por los trabajadores administrativos o la carga recaerá únicamente en la indemnización de los sentenciados?
- ¿Existen procesos penales en curso por la presunta malversación de estos fondos, considerando que se trata de recursos destinados a una emergencia nacional?
