S/110 millones en la mira: Las sombras de la compra directa de cámaras en la ATU
Una denuncia penal y graves cuestionamientos técnicos rodean la millonaria adjudicación al Consorcio Perú-Bolivia, cuyo costo duplicó el presupuesto original.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) se encuentra nuevamente en el centro de la controversia tras la adjudicación directa de S/110,998,473 para un sistema de videovigilancia en buses. Lo que inicialmente fue un concurso público de S/55 millones, anulado en 2025 tras cientos de observaciones, terminó convirtiéndose —bajo el paraguas de la emergencia por inseguridad— en una contratación que duplicó su valor y que hoy enfrenta una denuncia penal por parte del consorcio SEBHEC-IDELCOMV. El proceso, que avanzó a pesar de las advertencias internas sobre deficiencias técnicas, deja más dudas que certezas sobre la eficiencia del gasto público.
Advertencias ignoradas y el salto presupuestal
El camino hacia esta millonaria compra estuvo marcado por alertas que la gestión parece haber minimizado. Según el Informe N.° D-000630-2026-ATU/GG-OA-UA, la propia Unidad de Abastecimiento de la ATU advirtió que el requerimiento presentaba deficiencias que generarían «información incongruente» ante los órganos de control. Pese a ello, la entidad formuló una quinta versión del pliego y, en apenas veinte días, otorgó la buena pro. ¿Cómo se justifica que un proyecto que falló con un presupuesto de S/55 millones termine costando el doble bajo una modalidad que reduce los filtros de competencia?
Un ganador con giros de negocio recientes
El Consorcio Perú-Bolivia, beneficiario de los S/110.9 millones, tiene entre sus filas a Industrias Maquilak S.A.C. Según registros de la Sunarp, esta empresa modificó su objeto social apenas en enero de 2025 para incluir servicios de videovigilancia y seguridad electrónica. Además, uno de sus accionistas, Samuel Castro Yangalí, ha sido vinculado mediáticamente con grupos familiares bajo investigación en el caso Qali Warma. Aunque la ATU sostiene que no existen impedimentos legales para la contratación, la idoneidad técnica y la prontitud del cambio de rubro de la empresa ganadora levantan suspicacias sobre el rigor de la evaluación.
Cámaras sin inteligencia y dependencia del 4G
La denuncia penal sostiene que existen contradicciones insalvables en las especificaciones técnicas, como discrepancias en los lentes de las cámaras y dudas sobre la capacidad de los equipos UPS para soportar las vibraciones de los buses. Expertos consultados advierten, además, que el sistema carece de inteligencia artificial para detectar rostros o armas, y que su eficacia depende de la señal 4G comercial y de que el chofer logre presionar un botón de pánico en plena emergencia. En la práctica, se habría adquirido un sistema que podría quedar inoperativo en zonas con baja cobertura o alta congestión de red.
Lo que falta aclarar
- ¿Por qué la ATU decidió duplicar el presupuesto del proyecto tras anular el concurso público original en lugar de corregir las bases técnicas iniciales?
- ¿Cómo garantizó la entidad la pluralidad de postores si las advertencias de su propia Unidad de Abastecimiento señalaban que el mercado tendría dificultades para cumplir las exigencias?
- ¿Qué criterios técnicos permitieron validar a una empresa que cambió su rubro a videovigilancia solo meses antes de la adjudicación?
- ¿Se ha realizado un análisis de costo-beneficio que justifique pagar S/110 millones por un sistema que no incluye inteligencia artificial y depende de redes móviles inestables?
Denuncia interpuesta.
