Cadena perpetua para locutor en Huánuco: 18 años de impunidad y complicidad estatal
Gregorio Eduardo Mateo recibió la máxima pena tras comprobarse décadas de abusos y la falsificación de la identidad de su víctima con ayuda de funcionarios locales.
La justicia en el Perú suele llegar tarde, y el caso de Gregorio Eduardo Mateo es una prueba irrefutable de la vulnerabilidad de los menores en zonas rurales. Tras casi dos décadas de una pesadilla que inició en 2002, el Poder Judicial dictó cadena perpetua contra el exlocutor de radio de Cachicoto, quien, según la sentencia fiscal, secuestró, abusó y suplantó la identidad de una niña desde que esta tenía siete años. El fallo expone no solo la crueldad del sentenciado, sino la alarmante facilidad con la que el sistema de registros civiles fue manipulado para ocultar un crimen continuado que dejó como saldo tres hijos y secuelas físicas irreversibles en la víctima.
La identidad como herramienta de encierro
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Mateo aprovechó la discapacidad de la madre de la menor para llevársela bajo el falso argumento de ser su progenitor. La investigación determinó que el sujeto contó con la colaboración de autoridades locales para inscribir a la niña en diversas localidades como Santiago de Llacón y Cuyacu. En esta última, un registrador civil —quien se acogió a la confesión sincera— admitió haber alterado el nombre y la edad de la agraviada en 2013 para romper cualquier vínculo filial real y mantenerla bajo el dominio absoluto del agresor en zonas de nula cobertura telefónica.
Pruebas biológicas y violencia física sistemática
La fiscalía de Monzón fundamentó la condena en pruebas de ADN que resultaron determinantes para confirmar la paternidad de los tres hijos procreados producto de los abusos. Asimismo, los certificados médicos legales presentados durante el juicio oral revelaron que la mujer, hoy de 25 años, presenta desviaciones óseas en codos y muñecas, consecuencia de las agresiones físicas sufridas durante su cautiverio. El relato en Cámara Gesell fue contundente: Mateo utilizaba amenazas de linchamiento popular y el aislamiento geográfico en sectores como Camote Alto para silenciar a la víctima.
El colapso de los filtros estatales
El caso pone bajo la lupa la actuación de las instituciones que debieron proteger a la menor. En 2008, cuando la víctima dio a luz a su primer hijo a los 13 años, el sentenciado intentó desviar la atención hacia un supuesto soldado inexistente ante el Reniec. A pesar de las inconsistencias en los datos proporcionados, Mateo logró seguir operando en la clandestinidad por doce años más. No fue sino hasta marzo de 2020 que la agraviada logró denunciar los hechos, rompiendo un ciclo de violencia que el Estado peruano fue incapaz de detectar de oficio durante casi dos décadas.
Lo que falta aclarar
- ¿Qué medidas penales y administrativas se han tomado contra el resto de las «malas autoridades» mencionadas en la investigación que facilitaron el traslado inicial de la menor en 2002?
- ¿Existe una auditoría integral sobre los registros civiles de las municipalidades de centros poblados en Huánuco para identificar otros posibles casos de suplantación de identidad de menores?
- ¿Por qué las alertas de salud y educación no funcionaron cuando una niña de 13 años fue inscrita y dio a luz en una zona bajo supuesta supervisión estatal?
