Petro-Perú: El rescate de S/20.000 millones que asfixia la inversión social en el país
La estatal recibió en cuatro años el equivalente a siete veces el presupuesto de Juntos y Pensión 65, mientras su deuda ya cuadruplica su patrimonio.
El auxilio financiero a Petro-Perú ha dejado de ser una medida excepcional para convertirse en un drenaje sistemático de recursos públicos con un costo de oportunidad inaceptable. Según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), solo en los últimos cuatro años —bajo las gestiones de Pedro Castillo, Dina Boluarte y José Jerí— el Estado ha inyectado S/19.940 millones a la petrolera, cifra que representa el 62% de todo el apoyo otorgado desde 2013. Mientras la empresa acumula pérdidas por más de US$2.576 millones en el último cuatrienio, el Gobierno insiste en priorizar la supervivencia de una estructura administrativa en crisis por encima del cierre de brechas sociales críticas en salud, educación y seguridad ciudadana.
El millonario costo de postergar lo urgente
La magnitud del gasto en Petro-Perú palidece frente a las carencias del país. Martín Valencia, jefe de estudios económicos del IPE, advierte que con los casi S/20.000 millones transferidos recientemente se habrían podido edificar 260 colegios de alto rendimiento (COAR) o implementar 77 hospitales de mediana complejidad. En términos de programas sociales, este monto equivale a financiar siete veces el presupuesto conjunto de Juntos y Pensión 65. La contradicción es absoluta: se destinan fondos equivalentes a 12 veces el presupuesto de Pronabec para este año a una empresa cuya deuda total hoy cuadruplica su patrimonio.
Seguridad y salud: las víctimas del rescate
El impacto de estas decisiones políticas se siente directamente en la calidad de vida del ciudadano. Carlos Casas, investigador de la Universidad del Pacífico, señala que con estos recursos se pudo haber ejecutado un 40% más de inversión pública a nivel nacional. Según el especialista, el presupuesto de seguridad ciudadana —actualmente de S/9.000 millones— pudo haberse duplicado o incluso multiplicado por 2,5. Por su parte, Paola del Carpio, de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), resalta que solo con el último rescate de US$2.000 millones, aprobado el 11 de mayo mediante el Decreto de Urgencia 003-2026, se pudo reconstruir todo el primer nivel de atención de salud tipo I-4, hoy en condiciones precarias.
Un barril sin fondo y deudas de corto plazo
Pese a las ingentes transferencias, el futuro de la estatal es sombrío. Los especialistas coinciden en que los fondos recientes solo sirven para parchar deudas corrientes y pagos a proveedores, sin resolver problemas operativos de fondo, como la unidad de Flexi Coking que aún no opera al 100%. Mientras el Ministerio de Economía planea solicitar un crédito suplementario de S/11.000 millones bajo proyecciones de recaudación optimistas, la gestión de Petro-Perú sigue estancada en un ciclo de pérdidas consecutivas y una operatividad que, en palabras de Del Carpio, se mantiene a cambio de nada.
Lo que falta aclarar
- ¿Hasta cuándo el Ejecutivo seguirá priorizando el salvataje de una empresa con pérdidas acumuladas de US$2.576 millones sobre la atención de los 10,4 millones de peruanos en situación de pobreza?
- ¿Por qué se insiste en inyectar capital sin exigir una reforma estructural de la gestión privada en la compañía, considerando que el último rescate solo cubre obligaciones de corto plazo?
- ¿Cómo justifica el MEF el manejo de las cuentas fiscales al límite del déficit mientras se sacrifican fondos que podrían haber cuadruplicado el presupuesto contra la anemia infantil?
