José Domingo Pérez tilda de “insostenible” archivo de caso PPK y asoma indulto a Castillo
El abogado cuestionó la impunidad en la investigación por lavado de activos y confirmó coordinaciones con el Ejecutivo para buscar la libertad del exmandatario chotano.
La justicia peruana enfrenta un nuevo cuestionamiento tras el polémico archivamiento de la investigación contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por presunto lavado de activos. José Domingo Pérez, actuando como abogado defensor de Pedro Castillo, calificó de «insostenible» la decisión judicial sobre el caso Westfield Capital, vinculado al financiamiento de la campaña de 2011. Según Pérez, esta resolución es el resultado directo del manejo previo en la Fiscalía de la Nación, apuntando específicamente a la gestión de Tomás Gálvez como responsable de la situación actual del proceso.
Contradicciones en el Ministerio Público
Para la defensa de Castillo, resulta inexplicable que se dicte un archivo definitivo cuando existe una acusación pendiente de fijar fecha de juzgamiento. Pérez, quien también integra el equipo político de Juntos por el Perú, enfatizó que las investigaciones que vinculan a Kuczynski con financiamientos irregulares son innegables. La crítica subraya una supuesta debilidad en la fiscalía especializada en lavado de activos, sugiriendo que el cierre de estas causas deja vacíos graves en la rendición de cuentas de los altos mandos políticos.
La estrategia del indulto para Pedro Castillo
En paralelo a sus críticas contra PPK, Pérez reveló que se encuentra trabajando junto al doctor Walter Ayala en una ruta legal para obtener un indulto a favor de Pedro Castillo. Según el abogado, existen «aspectos a nivel del Ejecutivo» que requieren corrección para que el trámite avance. Esta coordinación busca que figuras como José María Balcázar tomen decisiones determinantes, lo que abre un debate sobre la politización de la justicia y el uso de beneficios presidenciales para evadir procesos en curso.
Cuestionamientos por decretos de urgencia
Durante su comparecencia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, Pérez también abordó la legalidad de los decretos de urgencia emitidos durante el gobierno de Castillo. Estas normas facilitaron transferencias de recursos a diversos ministerios sin pasar por la aprobación del Legislativo. Mientras la defensa intenta normalizar estos procedimientos, el debate técnico se centra en si estas acciones constituyeron una vulneración ética y legal para disponer de fondos públicos de manera discrecional.
Lo que falta aclarar
- ¿Bajo qué criterios técnicos la Fiscalía permite el archivo de una causa que ya cuenta con una acusación formal y está a la espera de juicio oral?
- ¿Cuáles son exactamente los «aspectos por corregir» en el Ejecutivo que, según la defensa, facilitarían un indulto para Pedro Castillo?
- ¿Cómo justifica la defensa la emisión de decretos de urgencia para transferir fondos sin control parlamentario, obviando los principios de transparencia presupuestaria?
