ONPE bajo presión: el ente electoral defiende su sistema de cómputo frente a la desconfianza
Entre promesas de transparencia y una polarización creciente, la ONPE asegura que su sistema es inalterable, pero el retraso en actas rurales reactiva los cuestionamientos.
En un escenario de máxima polarización política, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) intenta blindar la legitimidad de las Elecciones Generales 2026. Ante la ola de cuestionamientos que rodea el proceso, el organismo ha salido a ratificar que su sistema de cómputo de resultados es estrictamente técnico y auditable. Sin embargo, la narrativa oficial de la institución choca frontalmente con un clima de escepticismo ciudadano que exige garantías tangibles más allá de los comunicados institucionales, en un contexto donde cada minuto de silencio administrativo alimenta la sospecha.
El acta física frente a la digitalización
La ONPE ha sido enfática al señalar que su sistema de cómputo no tiene la capacidad de alterar la información consignada por los miembros de mesa. Según la entidad, su función se limita a digitalizar, procesar y consolidar los datos que provienen de los documentos físicos, los cuales permanecen como el único sustento legal del escrutinio. No obstante, surge la duda editorial: ¿es suficiente la fidelidad del documento físico si el procesamiento digital no cuenta con una vigilancia ciudadana que perciba el sistema como infalible?
Fiscalización y el rol de los personeros
Para mitigar las críticas, el organismo electoral recordó que el proceso es completamente fiscalizable por las organizaciones políticas, personeros y observadores internacionales. Según la ONPE, el control no es una facultad exclusiva de la autoridad, sino un ejercicio compartido. Esta postura traslada, en parte, la responsabilidad de la vigilancia a los actores políticos, quienes deben validar que los resultados difundidos coincidan con las actas que ellos mismos recolectaron durante la jornada de votación.
La demora en las zonas alejadas
Uno de los puntos más críticos de su defensa técnica radica en la difusión progresiva de los resultados. La ONPE justificó que el ritmo del cómputo depende directamente de la llegada de las actas, un proceso que suele dilatarse en zonas rurales y de difícil acceso. Para la institución, esta espera es necesaria para asegurar la integridad de la información; sin embargo, en la práctica, estos vacíos temporales son los que suelen ser utilizados para denunciar presuntas irregularidades que, según el ente, carecen de pruebas concluyentes.
Lo que falta aclarar
- ¿Qué medidas de contingencia específicas se han implementado para evitar que la demora en la llegada de actas rurales sea instrumentalizada políticamente como prueba de un supuesto fraude?
- ¿Cuáles son los mecanismos de auditoría externa e independiente que se han aplicado al software de consolidación de datos para garantizar que no existan vulnerabilidades en la etapa de digitalización?
- Ante la reiterada desconfianza, ¿por qué los protocolos de transparencia no han logrado convencer a una ciudadanía que percibe el sistema de cómputo como una «caja negra» a pesar de las promesas de verificabilidad?
