ONU tilda de «represalia» remoción de juez Ordóñez y advierte grave riesgo a la justicia
Relatoras de Naciones Unidas cuestionan la decisión de la JNJ tras la denuncia del magistrado ante la CIDH sobre leyes que debilitan la lucha contra el crimen.
La independencia judicial en el Perú ha recibido un severo llamado de atención internacional. Margaret Satterthwaite y Gina Romero, relatoras especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), calificaron como una «represalia» la reciente remoción del juez Oswaldo Ordóñez Alcántara por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El magistrado, quien presidía la Asociación Nacional de Magistrados, fue apartado de su cargo tras haber denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el impacto de las denominadas «leyes procrimen» impulsadas por el Congreso y el Ejecutivo.
Un proceso bajo la lupa internacional
Para las expertas de la ONU, la evaluación a la que fue sometido Ordóñez carece de los estándares de un proceso de ratificación imparcial. Según las relatoras, el uso de preguntas inusuales sobre sus opiniones técnicas constituye un precedente inaceptable que busca silenciar a quienes defienden la institucionalidad. La ONU subraya que los jueces deben participar en el debate público sobre el funcionamiento del sistema de justicia sin temor a medidas disuasorias o procedimientos administrativos que obstaculicen sus funciones.
El costo de denunciar ante la CIDH
La decisión de no ratificar a Ordóñez se basó en un informe del magistrado de la JNJ, Cayo Galindo, que contó con el respaldo de Germán Serkovic, Víctor Chanduví, Gino Ríos y María Teresa Cabrera (estos dos últimos con votos singulares). El cuestionamiento central de la JNJ fue la intervención de Ordóñez en una audiencia de la CIDH el 13 de noviembre de 2024, donde alertó sobre el debilitamiento del sistema judicial. Mientras tanto, los magistrados Francisco Távara y Jaime de la Puente se opusieron a la sanción, marcando una fractura interna en el organismo sobre cómo se juzga el activismo gremial de los jueces.
El riesgo del silencio forzado
La advertencia de Naciones Unidas es tajante: la magnitud de esta remoción afecta a todos los jueces del país. Según el pronunciamiento, estas acciones podrían constituir un intento de castigar el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión y asociación. El organismo internacional enfatiza que los magistrados no deben ser objeto de sanciones por acciones realizadas en cumplimiento de sus deberes éticos y profesionales, especialmente cuando se trata de proteger la autonomía del Poder Judicial frente a otros poderes del Estado.
Lo que falta aclarar
- ¿Por qué la JNJ procedió con la remoción a pesar de las advertencias previas de la CIDH sobre posibles represalias institucionales contra el juez Ordóñez?
- ¿Cuáles son los criterios objetivos que transforman una denuncia sobre el debilitamiento de la justicia en una falta meritoria de no ratificación?
- ¿Cómo garantiza la JNJ que este precedente no actúe como un mecanismo de coacción para que otros magistrados eviten cuestionar leyes que afecten su labor jurisdiccional?
