Fiscalía investiga a López Aliaga por deuda de S/ 4 mil millones y tasas «infladas»
Una fiscal superior anticorrupción ordena diligencias por presunta colusión y negociación incompatible tras la cuestionada emisión de bonos de la Municipalidad de Lima.
La gestión de Rafael López Aliaga en la Municipalidad de Lima entra en una fase crítica tras la decisión de una fiscal superior anticorrupción de abrir una investigación preliminar por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible. Bajo la lupa del Ministerio Público se encuentra el millonario endeudamiento por S/ 4 mil millones, una operación que, según la denuncia difundida por Epicentro TV, habría sido ejecutada de manera «ilegal» e «irregular», comprometiendo las finanzas metropolitanas bajo condiciones financieras que generan serias dudas técnicas.
Intereses bajo sospecha: ¿Por qué el 10,1%?
Uno de los puntos más alarmantes de la investigación fiscal radica en las condiciones del mercado aceptadas por la gestión de López Aliaga. Según el informe, los bonos fueron colocados a una tasa de interés anual del 10,1%, una cifra que se señala como superior al promedio de la época. Este exceso en el costo del dinero no solo levanta sospechas sobre una presunta negociación incompatible, sino que obliga a preguntar qué criterios financieros primaron para aceptar una carga tan pesada para el presupuesto de la ciudad.
Indicios de corrupción en la colocación de bonos
La disposición fiscal no se limita a observar un error administrativo; advierte explícitamente sobre la existencia de «indicios de corrupción» en la operación. La sospecha de colusión apunta a un posible acuerdo ilícito para favorecer intereses particulares en el proceso de endeudamiento. Para una gestión que se autodenomina defensora de la transparencia, la apertura de esta carpeta fiscal representa una contradicción directa con su discurso político y una amenaza legal directa contra el actual alcalde y candidato presidencial.
El riesgo de una deuda multimillonaria
El monto de S/ 4 mil millones no es una cifra menor; representa una hipoteca de largo plazo para la capital peruana. La fiscalía busca determinar si esta disposición de fondos se ajustó a los marcos legales vigentes o si, como sostiene la denuncia inicial, se forzaron los procedimientos para concretar una operación que hoy es calificada de irregular. La rendición de cuentas sobre el destino y la forma de obtención de este capital es ahora una obligación judicial inexcusable.
Lo que falta aclarar
- ¿Cuál fue el sustento técnico de la Municipalidad de Lima para aceptar una tasa del 10,1% si el mercado ofrecía condiciones más favorables?
- ¿Qué funcionarios específicos intervinieron en la negociación directa de estos bonos y bajo qué facultades legales actuaron?
- ¿Cómo justifica la gestión de López Aliaga la legalidad de un endeudamiento que la Fiscalía Superior Anticorrupción ya cataloga como presuntamente irregular?
