Seguridad penitenciaria deficiente: Celular incautado en Cochamarca deja en evidencia fallas del INPE
Un operativo en el penal de Pasco reveló la posesión de un equipo prohibido por un interno, reactivando las alarmas sobre el control y la recurrente vulnerabilidad en los establecimientos penitenciarios del país.
El Establecimiento Penitenciario de Cochamarca, en Pasco, vuelve a ser epicentro de cuestionamientos sobre la seguridad interna tras la incautación de un teléfono celular moderno en poder del interno Héctor Becerra Díaz, quien cumple condena por robo agravado. El hallazgo, ocurrido durante una requisa inopinada, según informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), pone nuevamente en evidencia la persistente fragilidad de los controles en las cárceles peruanas.
Detalles de la requisa
La intervención, liderada por el director del penal, Francisco Béjar Ruiz, se concentró en el Pabellón B-1 del Régimen Cerrado Especial. Fue allí donde el personal de seguridad, durante una revisión corporal al recluso Becerra Díaz, encontró un celular de color verde agua con cuatro cámaras posteriores, hábilmente oculto entre sus prendas. Adicionalmente, en el mismo pabellón, se incautó un cargador, ambos objetos estrictamente prohibidos al interior de un recinto carcelario.
Un patrón de vulnerabilidad
Este incidente en Cochamarca no es un hecho aislado, sino una lamentable constante que subraya la recurrente vulnerabilidad de los sistemas de seguridad del INPE. A pesar de las declaradas «medidas de seguridad» y el «refuerzo del principio de autoridad» impulsados por la presidencia de la institución, la facilidad con la que objetos ilícitos como teléfonos celulares ingresan a los penales sigue siendo un problema crónico. La incautación confirma que, más allá de los operativos, las vías de ingreso de contrabando persisten, comprometiendo la seguridad ciudadana al permitir la coordinación de delitos desde el interior.
Investigación en curso
Tras el descubrimiento, las autoridades del penal procedieron a comunicar lo ocurrido a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público. El objetivo de estas diligencias es iniciar una investigación formal que determine no solo la ruta de ingreso del equipo prohibido, sino también las posibles responsabilidades que permitieron que este objeto llegara a manos de un interno. El INPE ha reiterado que estos operativos continuarán, aunque la eficacia de los mismos se ve mermada si no se ataca la raíz del problema.
Lo que falta aclarar
- ¿Cómo pudo un celular moderno, con sus dimensiones, eludir los controles de seguridad del penal e ingresar hasta el Pabellón B-1?
- ¿Qué medidas concretas y distintas a las requisas inopinadas implementará el INPE para sellar definitivamente las vías de ingreso de objetos prohibidos?
- ¿Se ha iniciado una investigación interna para determinar la presunta complicidad de personal penitenciario en el ingreso de este y otros equipos ilícitos?
- ¿Más allá de la incautación, qué acciones se tomarán para desarticular las redes que facilitan este contrabando dentro de los penales?
