La paciencia se acaba, la campaña electoral también, y algo más…
«La paciencia, como capacidad de mantener la serenidad y la ecuanimidad, es una virtud humana que nos ayuda a soportar situaciones frustrantes sin perder el equilibrio emocional».
A propósito de la santa paciencia, resulta inevitable recordar la paciencia de Job, aquel patriarca cuya historia, recogida en el Antiguo Testamento, se convirtió en símbolo de fortaleza, perseverancia y confianza frente a las adversidades. Job soportó pruebas extraordinarias sin renunciar a sus convicciones. Su paciencia trascendió lo humano para convertirse en una enseñanza moral y espiritual.
Sin embargo, en política, la paciencia tiene sus límites, particularmente cuando se confunde con sometimiento, cuando se invoca para justificar presiones o cuando se pretende convertirla en una virtud exclusiva de quienes ejercen el poder.
Precisamente, la paciencia parece haberse convertido en el nuevo argumento del Ejecutivo para expresar su incomodidad frente al Parlamento. La señora presidenta de la República, durante una rueda de prensa, sacó el as de la baraja, o mejor dicho, el as que tenía bajo la manga, y, elevando la voz en tono desafiante, manifestó: «Están poniendo a prueba nuestra paciencia».
Una expresión cargada de enojo, fastidio y hasta de ira, dirigida, sin mayores eufemismos, a los integrantes de la Cámara de Diputados, estamento político donde el Ejecutivo no cuenta con mayoría parlamentaria.
La mandataria añadió que habían transcurrido más de cuatro semanas sin obtener respuesta a sus solicitudes. Una declaración que, más allá de su aparente reclamo administrativo, deja entrever una advertencia política: acudir a la cuestión de confianza, mecanismo que, bajo determinadas condiciones constitucionales, podría abrir el camino hacia una eventual disolución del Parlamento.
¿Estamos, acaso, ante una legítima exigencia de celeridad legislativa o frente a una estrategia de presión para conseguir facultades que permitan al Ejecutivo legislar sin el debido debate parlamentario?
La interrogante no es menor, especialmente cuando lo solicitado comprende 66 materias y otras disposiciones que permitirían al Gobierno actuar mediante decretos legislativos, dentro de las facultades que eventualmente le sean delegadas. La preocupación surge cuando la urgencia gubernamental parece colocarse por encima de la deliberación democrática y del indispensable equilibrio entre los poderes del Estado.
A esta particular invocación de la paciencia también se sumó el presidente del Consejo de Ministros, quien manifestó que el Ejecutivo había mantenido «una paciencia democrática y una actitud republicana».
Curiosa coincidencia de expresiones. Ambos integrantes del Gobierno parecen compartir un mismo discurso, cuidadosamente articulado, que algunos podrían atribuir a las recomendaciones de sus asesores o, quizá, a ciertos consejeros extranjeros que, según versiones y comentarios políticos, tendrían influencia en las sombras del poder.
Pero la paciencia democrática no puede convertirse en una herramienta de intimidación institucional. La actitud republicana, por su propia naturaleza, exige respeto a las competencias de cada poder del Estado, diálogo, concertación y acatamiento de los procedimientos constitucionales, incluso cuando los resultados no satisfacen las expectativas del gobernante de turno.
La democracia no consiste en que el Parlamento responda al ritmo que impone el Ejecutivo, sino en que ambos poderes actúen dentro de sus atribuciones, respetando las reglas que sostienen el orden constitucional.
Y mientras el discurso de la paciencia ocupaba los titulares, la política parlamentaria comenzaba a ofrecer una respuesta concreta.
El primero de octubre, luego de intensos debates en la Comisión de Constitución, la Cámara de Diputados alcanzó consensos y aprobó dos de las solicitudes formuladas por el Ejecutivo. Las materias aprobadas estuvieron relacionadas con la seguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño.
En el primer caso, se busca otorgar herramientas legislativas para enfrentar la criminalidad, problemática que viene generando profunda preocupación en la población y que exige respuestas eficaces, coordinadas y sostenibles. En el segundo, se contempla la atención de las consecuencias del fenómeno de El Niño, cuyos efectos ya se hacen sentir con fuerza en diversas zonas del norte del país, donde las lluvias, inundaciones y otros eventos climáticos representan una amenaza para las familias, la infraestructura y las actividades económicas.
Estas dos aprobaciones constituyen un avance en el proceso de diálogo institucional. Sin embargo, deberán continuar el trámite parlamentario correspondiente, ser debatidas en el Pleno de Diputados y posteriormente remitidas al Senado, instancia que tendrá la responsabilidad de aprobarlas o introducir las modificaciones que considere pertinentes.
En consecuencia, no se puede afirmar que el Ejecutivo haya obtenido todavía todas las facultades solicitadas. Lo que existe es un procedimiento legislativo en marcha, con acuerdos parciales que demuestran que el diálogo y la deliberación pueden producir resultados sin necesidad de recurrir a amenazas ni a confrontaciones innecesarias.
Ahora bien, conviene preguntarse: ¿por qué tanta prisa? ¿Por qué esa insistencia en obtener un paquete tan amplio de facultades legislativas cuando todavía existen mecanismos ordinarios de coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo?
La seguridad ciudadana y la prevención de los desastres naturales son asuntos prioritarios. Nadie podría cuestionar la necesidad de atenderlos con urgencia. Pero precisamente por su importancia requieren normas bien elaboradas, técnicamente sustentadas y sometidas a una evaluación responsable, no decisiones apresuradas que posteriormente puedan generar vacíos legales, conflictos de competencias o dificultades en su aplicación.
El país no necesita una democracia de silencios ni un Parlamento convertido en simple mesa de partes del Gobierno. Tampoco necesita un Ejecutivo paralizado por disputas políticas. Necesita instituciones que funcionen, autoridades que dialoguen y representantes que comprendan que el poder no es patrimonio personal ni una autorización para actuar al margen de los controles constitucionales.
