Estado bajo sospecha: la prensa regional sobrevive entre el asedio oficial y la muerte

Testimonios de periodistas en regiones revelan un panorama desolador: las instituciones llamadas a protegerlos son hoy sus principales agresores.

Lo que debió ser una jornada de capacitación técnica sobre cobertura electoral se transformó en un crudo diagnóstico de la vulnerabilidad extrema que enfrenta el periodismo en el Perú profundo. Durante el evento organizado por la Fundación Gustavo Mohme Llona, IDEA Internacional y la PUCP, comunicadores de diversas regiones denunciaron una realidad alarmante: el ejercicio de la libertad de expresión no solo enfrenta al crimen organizado, sino a un aparato estatal que, lejos de brindar garantías, se ha convertido en el principal motor de hostigamiento, criminalización y violencia física contra la prensa.

La paradoja del agresor institucional

Las cifras presentadas por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) son demoledoras. Entre enero y abril de 2026 se documentaron 44 incidentes contra periodistas, donde los principales señalados como responsables son integrantes del Ministerio Público, el Congreso y la Policía Nacional. Según Miguel Jugo, de la CNDH, el candidato presidencial Rafael López Aliaga aparece como presunto autor en 16 de estos incidentes. Esta tendencia se agrava con el reporte de la Asociación Nacional de Periodistas, que contabiliza 140 ataques hasta junio de 2026, incluyendo tentativas de homicidio y ciberataques, evidenciando una estrategia de silenciamiento que trasciende la coyuntura electoral.

Vivir en la clandestinidad para informar

El miedo no es una abstracción en las regiones, es una medida de supervivencia. Testimonios como el de Ángel Risco, de Radio Exitosa en Chiclayo, quien debió refugiarse en otra región tras presuntas amenazas de efectivos policiales, exponen la indefensión total del gremio. En Cerro de Pasco, la periodista Judith Llana confesó que transmite desde un estudio cuya ubicación mantiene en secreto y que opta por el anonimato para proteger su vida. Esta precariedad se extiende a las comunidades indígenas, donde Fioreny López advirtió que las medidas de protección para comunicadores que cubren delitos ambientales son, en la práctica, inexistentes, dejando a las voces amazónicas a merced de las mafias que ya cobraron la vida de Mitzar Castrillejos en Aguaytía.

El costo de la verdad y la impunidad judicial

El 2025 y 2026 han sido años sangrientos para el periodismo peruano con los asesinatos de Gastón Medina en Ica —caso donde un congresista fujimorista es investigado como presunto autor intelectual—, Raúl Celis López en Iquitos, Juan Fernando Núñez Guevara en Pacasmayo y Susy Aponte Polo en Casma. A este escenario de violencia física se suma el asedio judicial y económico. Miguel Jugo denunció el uso de demandas civiles por daños y perjuicios con reparaciones de hasta 50,000 soles como mecanismo para quebrar económicamente a los periodistas críticos. Mientras tanto, en regiones como Áncash y San Martín, la desigual distribución de la publicidad estatal y las sanciones administrativas desproporcionadas terminan por asfixiar a los medios independientes que se niegan a someterse a intereses políticos.

Lo que falta aclarar

• ¿Qué acciones concretas ha tomado el Ministerio del Interior para investigar a los efectivos policiales señalados como presuntos agresores de periodistas en regiones?
• ¿Cuál es el estado real de las investigaciones fiscales sobre los asesinatos de los cinco periodistas mencionados y por qué no hay sentencias firmes contra los autores intelectuales?
• ¿Bajo qué criterios de equidad distribuye el Ejecutivo la pauta publicitaria estatal, considerando que los medios regionales denuncian una exclusión sistemática que afecta su sostenibilidad?