Fujimorismo bajo la lupa: El plan para recortar áreas protegidas en favor de petroleras

El Ejecutivo solicita facultades para reducir zonas de reserva, bajo el argumento de combatir la ‘tramitología’ y atraer inversión en hidrocarburos.

En una movida que pone en jaque la soberanía ecológica del país, el Gobierno de Keiko Fujimori ha solicitado facultades legislativas al Congreso con un objetivo alarmante: modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas (ANP). La propuesta, oficializada este 7 de septiembre de 2026, pretende facultar al Ejecutivo para reducir físicamente la extensión de zonas reservadas bajo el paraguas de proyectos de ‘necesidad pública’ e ‘interés nacional’, priorizando la exploración y explotación de hidrocarburos por encima de la conservación.

El pretexto de la ‘tramitología’

La administración fujimorista justifica este zarpazo a la normativa ambiental alegando una caída en las inversiones y señalando a la denominada ‘tramitología’ como el principal obstáculo para el desarrollo del sector. Sin embargo, lo que el Ejecutivo presenta como una simplificación administrativa es, en la práctica, una herramienta legal para desmembrar ecosistemas protegidos cuando las empresas del sector extractivo lo consideren necesario para sus operaciones.

Voces de alerta ante un retroceso irreversible

Especialistas como José De Echave, de CooperAcción, advierten que esta iniciativa marca un punto de inflexión regresivo en la política ambiental peruana. Según el economista, la presión de sectores privados para expandir actividades en cuencas sensibles como la de Madre de Dios es evidente. Por su parte, el abogado ambientalista César Ipenza ha recordado que ya existen apetitos sobre zonas intangibles como los parques nacionales del Manu y Bahuaja Sonene, alertando que flexibilizar estas reglas podría terminar favoreciendo incluso a la minería ilegal.

Resistencia en el Legislativo

Desde el Congreso, la oposición ha comenzado a articularse. La senadora Ruth Luque, integrante del Frente Multiparlamentario por un Desarrollo Sostenible, ha manifestado un rechazo frontal a delegar facultades que vulneren la legislación ambiental. El debate ahora se traslada a las comisiones parlamentarias, donde se decidirá si se entrega al Ejecutivo un ‘cheque en blanco’ que podría alterar permanentemente el mapa ecológico del Perú en beneficio de intereses corporativos específicos.

Lo que falta aclarar

• ¿Bajo qué criterios técnicos y científicos se determinará que un proyecto de hidrocarburos justifica la reducción física de una zona protegida?
• ¿Qué garantías ofrece el Gobierno para evitar que esta flexibilización normativa sea aprovechada por actividades ilícitas como la minería ilegal en la Amazonía?
• ¿Existe un listado previo de Áreas Naturales Protegidas que el Ejecutivo ya tiene en la mira para ser recortadas tras obtener las facultades?