El Ejecutivo tras el gas de Candamo: ¿Un golpe legal a la intangibilidad de las ANP?

Bajo el pretexto de la seguridad energética, el Gobierno solicita facultades para modificar la ley y permitir la explotación de hidrocarburos en ecosistemas protegidos.

En una movida que pone en jaque la protección ambiental en el Perú, el Poder Ejecutivo ha solicitado al Congreso facultades legislativas para modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas (ANP). La propuesta busca establecer un mecanismo legal que permita la reducción física o la modificación de estos territorios cuando existan proyectos declarados de necesidad pública, abriendo las puertas de par en par a la exploración y explotación de hidrocarburos en zonas hasta hoy intangibles. El objetivo principal parece estar en el corazón del Parque Nacional Bahuaja Sonene: el yacimiento de Candamo, una zona que, según Perupetro, alberga unos 3,6 trillones de pies cúbicos de gas natural.

El bypass legal para esquivar sentencias judiciales

Esta ofensiva normativa no es casual. Ocurre luego de que el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (Idlads) lograra frenar judicialmente los intentos de Perupetro por avanzar en Candamo. Según Henry Carhuatocto, director de Idlads, la modificación que plantea el Ejecutivo sería una vía para superar el blindaje jurídico que actualmente protege al parque, tras las sentencias de marzo y septiembre de 2025 que favorecieron la conservación del área frente a los convenios de evaluación técnica promovidos en 2024.

¿Urgencia real o gestión deficiente de reservas?

El Gobierno justifica esta medida argumentando una supuesta crisis en el horizonte de reservas y la necesidad de fortalecer la seguridad energética nacional. Sin embargo, especialistas como la economista Marusia Ruiz Caro Reyes cuestionan esta urgencia. Ruiz Caro advierte que el país aún cuenta con reservas probadas, como las del Lote 58 de Camisea, que no han entrado en producción. Si existen recursos disponibles en zonas ya intervenidas, ¿por qué la insistencia de este Gobierno en perforar una de las áreas más biodiversas del mundo antes de agotar las opciones existentes?

El costo ambiental de los 3,6 trillones de pies cúbicos

El Parque Nacional Bahuaja Sonene no es un terreno baldío; protege más de un millón de hectáreas que albergan a 173 especies de mamíferos y 680 de aves, además de ser el hogar del pueblo Ese’Eja. Mientras Aurelio Ochoa Alencastre, expresidente de Perupetro, defiende el potencial de Candamo supeditándolo al abastecimiento interno, el debate real se centra en si el Estado peruano está dispuesto a sacrificar su patrimonio natural y comprometer la biodiversidad de la Amazonía sur occidental por un recurso cuya administración y destino final hacia el mercado interno sigue siendo incierto.

Lo que falta aclarar

• ¿Por qué el Ejecutivo prioriza la intervención en un área protegida como el Bahuaja Sonene cuando el Lote 58 de Camisea sigue sin entrar plenamente en producción?
• ¿Qué garantías reales existen de que el gas extraído de Candamo se destinará al consumo nacional y no a la exportación, considerando los cuestionamientos sobre la política energética actual?
• ¿Cómo pretende el Gobierno compatibilizar esta modificación legal con las sentencias judiciales de 2025 que ya establecieron la incompatibilidad de estas actividades en el parque?
• ¿Se ha cuantificado el impacto económico de la pérdida de servicios ecosistémicos frente a la renta proyectada por la explotación de los 3,6 trillones de pies cúbicos de gas?