Silencio oficial: Arriola evade responder por masacre y secuestro de empresario

El máximo jefe de la PNP evitó a los medios tras una reunión de emergencia en La Libertad, mientras crecen las críticas por el fracaso de los estados de emergencia.

En medio de una crisis de seguridad que parece haber desbordado la capacidad operativa del Estado, el comandante general de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, optó por el mutismo. Tras una reunión en la sede del Gobierno Regional de La Libertad para tratar el violento secuestro del empresario Jens Marty Lara Tantaquilla y el asesinato de sus cuatro acompañantes, el alto mando policial abandonó el recinto sin ofrecer explicaciones. Según registros del medio local Macronorte.pe, Arriola evitó el contacto con los periodistas fingiendo una llamada telefónica y refugiándose nuevamente en el edificio hasta que la prensa se dispersó, dejando en el aire las dudas sobre la estrategia frente a un crimen perpetrado por un presunto ‘falso comando policial’.

Gestos que no detienen la violencia

Mientras Arriola guardaba silencio, el general Víctor Revoredo, director de Investigación Criminal, intentó matizar la situación asegurando que los responsables “caen porque caen”. Sin embargo, la realidad en Trujillo y la provincia de Pataz contradice el optimismo oficial. El secuestro de Lara Tantaquilla, de 31 años y dedicado presuntamente a la comercialización de oro, es el último capítulo de una sangrienta disputa por el control de la minería ilegal que los sucesivos estados de emergencia no han logrado mitigar. La presencia de los altos mandos en la región, lejos de transmitir autoridad, terminó proyectando una imagen de evasión ante los cuestionamientos por la falta de resultados tangibles.

Blindaje político y cuestionamientos de fondo

La permanencia de Arriola en el cargo es hoy un punto de fricción política. El coronel PNP Harvey Colchado calificó de «cómplice» al Ejecutivo por mantener al general en su puesto y le exigió «el decoro de dar un paso al costado». Según Colchado, existe una contradicción flagrante: el Gobierno solicita facultades legislativas para combatir la inseguridad, pero evita proponer cambios a la norma que impide remover al jefe de la PNP por un periodo de dos años. A este reclamo se han sumado legisladores como Diego Bazán y Rossana Alayza, quienes subrayan que la ley actual funciona como un escudo que impide la rendición de cuentas ante el incremento de la criminalidad organizada.

Lo que falta aclarar

• ¿Cuál es el avance real en la identificación de los presuntos implicados tras la detención preliminar informada por el jefe de la Región Policial La Libertad, Ricardo Espinoza?
• ¿Qué medidas específicas se tomarán para evitar que bandas criminales sigan operando impunemente bajo la fachada de «falsos comandos policiales»?
• ¿Por qué el Ejecutivo no incluyó en el pedido de facultades legislativas la modificación de la ley que impide la remoción del Comandante General, pese a las promesas previas de revisión?