Facultades de Keiko Fujimori: un paquete de 120 días que llega tarde y bajo sospecha

Tras cinco postergaciones, el Ejecutivo formaliza su pedido al Congreso mientras expertos advierten vacíos en seguridad y riesgos de flexibilización ambiental.

Luego de cinco postergaciones que sembraron dudas sobre la solvencia del plan gubernamental, el Ejecutivo liderado por Keiko Fujimori remitió finalmente a la Cámara de Diputados el pedido de facultades legislativas por un plazo de 120 días. El paquete, que abarca desde seguridad ciudadana hasta reformas tributarias y medidas ante el Fenómeno del Niño, llega al Legislativo en un clima de escepticismo técnico. Expertos consultados advierten que las propuestas, lejos de ser la solución definitiva contra el crimen, presentan vacíos críticos en su implementación y riesgos de desprotección en materia ambiental y de derechos financieros.

¿Militares en los penales para frenar el crimen en las calles?

Una de las medidas más polémicas es el uso de las Fuerzas Armadas en los perímetros externos de las cárceles. Según el exviceministro del Interior, Julio Corcuera, esta disposición carece de una relación directa con la reducción de asesinatos y extorsiones que azotan distritos como San Juan de Lurigancho o Villa María del Triunfo. Si bien el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, asegura que los militares ayudarán en el control de ingresos mediante tecnología, Corcuera sostiene que esto no representa un cambio estructural frente a un sistema penitenciario que funciona como centro de operaciones criminales.

El riesgo de la respuesta tardía y la flexibilización normativa

En el ámbito ambiental, el abogado César Ipenza advierte que el pedido de facultades para enfrentar el Fenómeno del Niño llega con un retraso considerable y podría ser una puerta abierta para la flexibilización de normativas que protegen áreas naturales. Por otro lado, en el sector financiero, el magíster Mario Vergara Silva señala que eliminar los topes a las tasas de interés —fijados por la Ley 31143— permitiría mayor acceso al crédito para unos, pero a costa de imponer tasas elevadas a los perfiles de mayor riesgo, una medida que el gobierno deberá justificar frente a la protección de los consumidores.

La primera prueba de fuego en la Cámara de Diputados

Para el politólogo Alejandro Mejía, este pedido representa el primer gran examen de negociación para el gobierno de Fujimori tras los traspiés por la filtración de borradores en julio. El Ejecutivo intenta ahora «desburocratizar» el Estado bajo una alta expectativa ciudadana; no obstante, la realidad de un Congreso bicameral sugiere que temas sensibles podrían ser aprobados solo parcialmente, dejando al gobierno sin el cheque en blanco que espera obtener para gestionar la crisis de inseguridad y el avance de la criminalidad organizada.

Lo que falta aclarar

• ¿Cómo garantizará el Ejecutivo que la presencia militar en el perímetro de los penales desarticule las mafias de extorsión que operan desde el interior de las celdas y no sea solo una medida cosmética?
• ¿Qué mecanismos de control específicos se implementarán para evitar que la entrega directa de ayuda humanitaria por el Fenómeno del Niño se convierta en un foco de corrupción o clientelismo?
• ¿Por qué el Ejecutivo postergó hasta en cinco ocasiones la presentación de este pedido si la emergencia por la inseguridad exigía una respuesta inmediata desde el mensaje a la nación del 28 de julio?