Emergencia educativa: 31 mil colegios a nivel nacional al borde del colapso
A través de un decreto supremo, el Ejecutivo dispuso la ampliación y construcción de nuevos espacios educativos, así como el fortalecimiento de su planificación y gestión, entre otras acciones para garantizar el cierre de brechas.
Fuente de imagen: La República
El Ejecutivo oficializa medida ante una brecha de S/ 170 mil millones, pero advierte que no pedirá recursos adicionales al Tesoro Público.
Tras años de postergación, el Ejecutivo finalmente ha admitido que la infraestructura educativa en el Perú es una bomba de tiempo. Mediante el Decreto Supremo N.° 013-2026-MINEDU, el gobierno de Keiko Fujimori declaró en emergencia el sector a nivel nacional, una decisión que llega mientras más de 31.000 colegios públicos enfrentan un riesgo inminente de colapso. Sin embargo, la urgencia plasmada en el papel choca con una realidad presupuestaria que genera más dudas que certezas: el 55% de las escuelas del país son vulnerables ante sismos o fenómenos climáticos, pero el Estado pretende solucionar la crisis sin inyectar capital fresco.
Una reforma que nace sin fondos adicionales
El decreto, refrendado por el ministro de Educación, José Antonio Chang, otorga al Minedu un plazo de 30 días hábiles para diseñar un nuevo «sistema funcional de infraestructura educativa». Lo que resulta contradictorio es la disposición financiera de la norma: se establece que la implementación de estas medidas se cubrirá exclusivamente con el presupuesto institucional del Minedu, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. ¿Cómo planea el Ejecutivo cerrar una brecha que, según datos atribuidos a la Cámara de Comercio Exterior y al propio ministerio, asciende a los S/ 170.000 millones, si se niega a ampliar la billetera estatal para esta emergencia?
Cajamarca y Cusco: el epicentro del riesgo
Las cifras de la precariedad tienen nombres y apellidos regionales. De acuerdo con información de Luis Lescano, expresidente del Consejo Nacional de Educación, Cajamarca lidera la lista del peligro con más de 4.000 instituciones educativas en riesgo de derrumbe, seguida por Cusco con más de 2.000 y Lima con 400. El informe técnico señala que entre el 26% y 27% de estos locales se encuentran en una situación crítica que exige reconstrucción total, no solo mantenimiento. Para estos miles de estudiantes, la declaratoria de emergencia es un reconocimiento oficial de su vulnerabilidad, pero no garantiza que las paredes de sus aulas dejen de agrietarse mañana.
¿Burocracia o soluciones inmediatas?
La norma busca diferenciar las funciones de rectoría política del Minedu de las tareas de ejecución y supervisión técnica. Si bien se plantea la construcción de nuevos espacios y el fortalecimiento de la gestión, el proceso depende de una reforma normativa que apenas empieza. Mientras el Ejecutivo se toma su tiempo para formular propuestas legales, el fenómeno El Niño y la sombra de un movimiento telúrico fuerte amenazan con convertir las estadísticas de «riesgo de colapso» en tragedias concretas. La pregunta es si un nuevo ente rector adscrito al Minedu será suficiente para acelerar obras que han esperado décadas.
Lo que falta aclarar
- ¿Cómo pretende el Ejecutivo cerrar una brecha de S/ 170.000 millones si el decreto prohíbe explícitamente solicitar recursos adicionales al Tesoro Público?
- ¿Qué acciones de contingencia inmediata se aplicarán en los 31.000 colegios en riesgo mientras el Minedu agota sus 30 días de plazo para presentar su propuesta normativa?
- ¿Por qué se esperó a que el 55% de la infraestructura nacional estuviera bajo peligro crítico para formalizar una declaratoria de emergencia que no contempla financiamiento extraordinario?
