Cuando el Estado empieza a mentir con los números
Las cifras oficiales no son simples números. Sobre ellas se diseñan políticas públicas, se distribuyen presupuestos, se evalúa a funcionarios y, sobre todo, se informa al ciudadano sobre la verdadera situación del país. Por eso, cuando desde el Estado se utilizan datos dudosos, incompletos o aparentemente inflados para demostrar éxitos que la realidad cotidiana no confirma, ya no estamos ante un simple error administrativo, sino frente a un grave problema de credibilidad institucional.
Eso es lo que empieza a ocurrir con las cifras de homicidios utilizadas por el ministro del Interior, César Astudillo, para defender los resultados de la Policía Nacional. El ministro sostuvo que, comparando el presente año con el anterior, existían alrededor de quinientas muertes menos. La cifra era contundente y buscaba transmitir la idea de que la estrategia contra la delincuencia estaba funcionando.
El problema surgió cuando comenzaron a revisarse los datos sobre los cuales se construyó esa conclusión. La base policial utilizada para comparar los homicidios de 2025 con los de 2026 presenta anomalías difíciles de ignorar, entre ellas decenas de registros de víctimas consignadas con cero años de edad. Esas inconsistencias, como mínimo, obligaban a revisar y depurar la información antes de presentarla como prueba de una supuesta victoria contra el crimen.
LOS NÚMEROS TAMBIÉN PUEDEN ENGAÑAR
El propio ministro afirmó que “los números no engañan”. Es cierto que los números no tienen voluntad para mentir, pero pueden ser mal registrados, mal clasificados, presentados fuera de contexto o utilizados convenientemente. Y cuando una autoridad emplea una base cuestionada para defender su gestión, el problema deja de estar solamente en la estadística y pasa a estar en quien la presenta como una verdad indiscutible.
Si los homicidios realmente han disminuido, corresponde reconocerlo. Pero esa reducción debe sostenerse sobre información confiable, transparente y verificable. Lo que no puede hacer un Gobierno es convertir una cifra discutible en propaganda oficial.
Mientras las autoridades discuten porcentajes, miles de ciudadanos continúan enfrentando extorsiones, sicariato, amenazas y cobro de cupos. La percepción ciudadana no reemplaza a la estadística, pero tampoco puede ser ignorada cuando contradice de manera tan evidente el optimismo oficial.
LA REALIDAD NO SE CAMBIA CON ESTADÍSTICAS
El peligro aparece cuando un gobierno pretende resolver sus problemas modificando la forma de contarlos. Sobre el papel se puede reducir la inseguridad, mejorar servicios o acelerar obras seleccionando convenientemente los indicadores. Pero fuera de las oficinas públicas la realidad permanece exactamente igual.
Por eso, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional tienen la obligación de explicar qué ocurrió con esos registros, determinar si fueron errores humanos, fallas de clasificación o problemas tecnológicos, y presentar finalmente una base depurada.
No corresponde afirmar, sin una investigación concluyente, que alguien ordenó manipular deliberadamente las cifras. Pero tampoco corresponde aceptar que estadísticas cuestionadas sean utilizadas para construir triunfos políticos.
Un Gobierno puede equivocarse y una base de datos puede contener errores. Lo inadmisible es esconder esas fallas o aprovecharlas políticamente.
La delincuencia no desaparecerá porque una computadora registre menos homicidios. La seguridad solamente mejorará cuando el ciudadano pueda trabajar, transportarse o abrir su negocio sin miedo.
El país necesita menos propaganda y más resultados. Las cifras públicas existen para describir la realidad, no para fabricar aquella que le conviene al Gobierno de turno. Cuando el Estado empieza a cruzar esa frontera, no solo pierde credibilidad en sus números: empieza a perder la confianza de sus ciudadanos.
