¿Cárceles en cuarteles? El Gobierno retoma una medida de dudosa viabilidad técnica
El Gobierno coordinará, mediante convenios con las Fuerzas Armadas, el uso de cuarteles en desuso y de terrenos adecuados para instalar espacios de…
Fuente de imagen: Agencia Andina
El Ejecutivo anuncia coordinaciones para trasladar a reos de baja peligrosidad a recintos militares, una propuesta que carece de detalles sobre presupuesto y seguridad.
En un nuevo intento por responder a la crisis de hacinamiento que asfixia al sistema penitenciario, el Gobierno ha anunciado que iniciará las coordinaciones para habilitar cuarteles militares como centros de reclusión para internos sentenciados por delitos menores. La medida, que busca segregar a los reos de baja peligrosidad, se presenta como una solución de emergencia ante el desborde de las cárceles convencionales, aunque surge sin un plan operativo detallado que explique cómo se transformarán instalaciones de defensa nacional en centros de custodia civil.
¿Seguridad garantizada o improvisación logística?
El anuncio oficial se limita a señalar la intención de utilizar la infraestructura castrense, pero omite precisar qué instituciones asumirán la vigilancia directa de estos espacios. Al proponer que los militares compartan su jurisdicción con la población penal, el Ejecutivo abre un flanco de críticas sobre la seguridad perimetral y el riesgo de vulnerar la naturaleza de las funciones de las Fuerzas Armadas, especialmente en zonas que albergan material bélico o personal en formación.
El vacío en el marco legal y presupuestario
Hasta el momento, no se ha definido bajo qué marco normativo se realizarán estos traslados ni qué partidas presupuestarias se asignarán para la adecuación de pabellones, servicios básicos y sistemas de videovigilancia en los cuarteles. Esta falta de claridad técnica sugiere que la propuesta podría quedar en un anuncio reactivo más, similar a gestiones pasadas que intentaron implementar medidas idénticas sin éxito debido a la incompatibilidad de las estructuras militares con los estándares de tratamiento penitenciario.
Lo que falta aclarar
- ¿Qué entidad asumirá la responsabilidad legal y administrativa de los internos: el INPE o el personal del Ministerio de Defensa?
- ¿Existe un cronograma real para la adecuación de estos espacios o se trata de una medida declarativa para calmar la presión política?
- ¿Cómo se garantizará que la presencia de reos no comprometa la seguridad nacional ni las operaciones estratégicas dentro de los cuarteles elegidos?
