Caso Chibolín: Fiscalía busca retener a Elizabeth Peralta por 18 meses adicionales
Ante el inminente vencimiento de su reclusión, el Ministerio Público intenta evitar que la fiscal suspendida abandone el penal de Chorrillos.
El reloj corre en contra del Ministerio Público. A escasos días de que la suspendida fiscal Elizabeth Peralta pueda recuperar su libertad por el vencimiento del plazo judicial, la Segunda Fiscalía Suprema ha lanzado una ofensiva de último minuto: prolongar su encierro por 18 meses adicionales. La medida busca asegurar que una de las piezas centrales del entramado de presunta corrupción vinculado a Andrés Hurtado no eluda la justicia, en un proceso que ya suma solicitudes de penas que superan las dos décadas de cárcel.
Una carrera contra el calendario judicial
El próximo 3 de junio marca el límite de la permanencia de Peralta en prisión, a menos que el Poder Judicial acepte el nuevo requerimiento fiscal. Según la tesis de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, la extensión de la medida es indispensable debido a la complejidad de la investigación por presunto tráfico de influencias y cohecho. Esta maniobra legal evidencia la urgencia de las autoridades por mantener bajo control a una funcionaria que, según las pesquisas, habría articulado favores ilícitos en agravio del Estado.
El banquillo ante el juez Checkley
El destino inmediato de la magistrada suspendida se decidirá este miércoles 27 de mayo a las 9:30 a. m. en una audiencia virtual dirigida por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley. Peralta, quien enfrenta un pedido de 24 años de pena privativa de la libertad formulado por el fiscal adjunto supremo Edward Casaverde, deberá conectarse desde el penal de Chorrillos. La audiencia será el escenario donde la Fiscalía deberá sustentar por qué el peligro procesal persiste, a pesar de haber tenido meses para consolidar sus elementos de convicción.
El nexo con Hurtado y la sombra de la impunidad
La situación de Peralta es inseparable de la de Andrés Hurtado, para quien la Fiscalía solicita 30 años de prisión. La presunta red de favores judiciales que ambos habrían gestionado coloca a la fiscal suspendida en una posición crítica: el Ministerio Público considera que su libertad representaría un riesgo latente para el éxito de la investigación. Sin embargo, la solicitud de 18 meses adicionales de prisión preventiva levanta interrogantes sobre la eficiencia en el manejo de los tiempos procesales por parte de los persecutores del delito.
Lo que falta aclarar
- ¿Por qué la Fiscalía solicita una extensión de 18 meses adicionales justo cuando el plazo original está a punto de caducar?
- ¿Qué nuevos actos de investigación o indicios de peligro de fuga han surgido que no fueron previstos al inicio del proceso para justificar año y medio más de encierro?
- ¿Cómo afecta este pedido a la coherencia de la acusación final, considerando que ya se ha proyectado una pena específica de 24 años para Peralta?
