ONPE: Los cuestionados perfiles que aspiran a suceder a Corvetto bajo la lupa de la JNJ

Entre los siete aptos figuran candidatos previamente rechazados por falta de integridad, funcionarios con procesos disciplinarios y proveedores recurrentes del Estado.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha puesto en marcha la maquinaria para elegir al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tras la renuncia de Piero Corvetto en medio de investigaciones por presuntas irregularidades logísticas. Sin embargo, la lista de los siete postulantes declarados aptos despierta suspicacias razonables. No se trata solo de nombres nuevos, sino de perfiles que arrastran sombras de procesos disciplinarios, rechazos previos por falta de idoneidad ética y una persistencia que colisiona con las exigencias de un cargo que demanda neutralidad absoluta y una capacidad de gestión técnica impecable.

El reciclaje de candidatos rechazados por la JNJ

Llama la atención la presencia de nombres que ya fueron evaluados y descartados por la propia JNJ en concursos anteriores. Augusto Ernesto Bernuy Alva, por ejemplo, no logró convencer al organismo en 2020 para liderar el Reniec; en aquel entonces, se concluyó que mostraba poco interés en temas de integridad y que su trayectoria no bastaba para un alto cargo. De igual forma, José Alfredo Pérez Duharte, quien perdió ante Corvetto en 2020, fue calificado como un perfil más apto para labores consultivas que para la ejecución directa que exige la ONPE. ¿Qué ha cambiado desde entonces para que hoy sí se les considere aptos para la máxima responsabilidad electoral del país?

Sanciones anuladas y el historial de Carlos Loyola

El caso de Carlos Martín Loyola Escajadillo es, cuanto menos, polémico. El postulante registra un historial de procesos ante Servir vinculados a su paso por el Pronaa y el Reniec. Aunque las sanciones de suspensión y amonestación fueron finalmente revocadas o anuladas por tribunales administrativos —en gran medida por deficiencias en la motivación de las entidades empleadoras o inacción procesal—, los hechos que motivaron dichas investigaciones, como la falta de diligencia en el uso de fondos para eventos y sorteos, permanecen en su legajo. Resulta imperativo cuestionar si un gestor con tales antecedentes administrativos es la garantía de orden que la ONPE requiere tras una crisis de confianza.

Proveedores del Estado y la sombra del conflicto de interés

La independencia del próximo jefe de la ONPE es innegociable, pero los vínculos comerciales de algunos candidatos con el aparato estatal generan ruido. Ernesto Antonio Aranda Vergara, según el Sistema de Proveedores del Estado, ha facturado más de S/500,000 desde 2016, manteniendo contratos vigentes incluso hasta el 2026 con diversas entidades. Asimismo, Raúl Edmundo Caro Tumba figura como accionista de una empresa registrada recientemente como proveedora. En un organismo que maneja presupuestos millonarios para logística electoral, la línea entre la experiencia técnica y el conflicto de intereses debe ser vigilada con extremo rigor por la JNJ.

Lo que falta aclarar

• ¿Bajo qué criterios de rigurosidad ética la JNJ permite avanzar a candidatos que el mismo organismo calificó previamente con «poco interés en involucrarse en temas de integridad»?
• ¿Cómo garantizará la JNJ que los candidatos con contratos vigentes como proveedores del Estado no utilicen la jefatura de la ONPE para favorecer redes comerciales previas?
• ¿Es suficiente que una sanción administrativa sea anulada por errores de forma (como la inacción de la entidad) para considerar que la idoneidad del candidato Loyola Escajadillo está fuera de toda duda?
• ¿Por qué se insiste en perfiles que ya fueron calificados como «no aptos para la gestión y ejecución» en etapas finales de concursos anteriores?