Alerta Fiscal: Congreso hipoteca el futuro de Perú con S/7.000 millones en gastos sin sustento
Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, advierte sobre el impacto devastador de leyes aprobadas por el Parlamento y la inacción del Ejecutivo que compromete las finanzas públicas.
El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, ha lanzado una severa advertencia: las recientes decisiones del Congreso que otorgan nuevos beneficios laborales a trabajadores CAS y modifican el sistema previsional de la Caja Militar y Policial no solo implican un costo fiscal que podrÃa superar los S/ 7.000 millones anuales, sino que también «hipotecarán las finanzas públicas de todos los peruanos». Esta alarmante cifra, cuantificada por el propio Ministerio de EconomÃa y Finanzas (MEF), expone una senda de gasto estructuralmente insostenible y cuestiona la pasividad del Ejecutivo frente a lo que Segura califica como una «bomba de tiempo» para las futuras administraciones.
La carga de S/ 7.000 millones y la cédula viva
Las implicaciones económicas de las leyes aprobadas por el Parlamento son contundentes. Según el MEF, la concesión de gratificaciones y CTS a los trabajadores del régimen CAS generará un costo inmediato superior a los S/ 3.000 millones anuales. A ello se suma la reforma vinculada a la Caja Militar y Policial, cuya particularidad reside en el mecanismo de «cédula viva», que automáticamente traslada cualquier aumento salarial del personal activo a los jubilados. Este esquema, calificado por Segura como «fiscalmente impagable» y causa de desaparición de sistemas similares en otros paÃses, proyecta un costo cercano a los S/ 3.800 millones anuales a largo plazo, con una tendencia creciente.
Contradicciones en el Ejecutivo y la deuda del silencio
La crÃtica de Segura no solo apunta al Congreso, sino también a la aparente inacción del Ejecutivo. El Consejo Fiscal ha instado al Gobierno a observar estas leyes y, de ser necesario, recurrir al Tribunal Constitucional. Sin embargo, Segura recuerda que durante una gestión anterior, de 28 normas con impacto fiscal, solo una fue observada, creando un precedente preocupante. La situación actual es aún más desconcertante, dado que la actual Primera Ministra fue Ministra de EconomÃa y el actual Ministro de EconomÃa fue Viceministro. «¿Por qué sorprende que ahora se diga que se optará por el diálogo?», cuestiona Segura, enfatizando que «el diálogo no resuelve un problema fiscal», sino que se requieren «acciones concretas». Esta falta de respuesta ha sido una «puerta abierta» para la persistencia del Congreso en aprobar medidas de gasto permanente.
Gasto estructural y riesgos para el ciudadano común
El problema se agrava al considerar que estos nuevos compromisos de gasto son de carácter permanente y no pueden ser absorbidos por el crecimiento natural del presupuesto. A esto se añade la aprobación de múltiples exoneraciones tributarias en los últimos 18 meses, que reducen los ingresos futuros del Estado. El resultado es un «desplazamiento de otras partidas», que deteriora la calidad del gasto público y no se traduce necesariamente en una mejora de los servicios al ciudadano. Para la población, las consecuencias serán graduales pero severas: distorsiones en la asignación de recursos, recortes o deterioro de servicios básicos y, en el escenario de una insostenibilidad fiscal, un mayor riesgo paÃs, menor inversión, menos empleo y un crédito más caro para familias y empresas. Según Segura, la magnitud y frecuencia de estas normas sin sustento fiscal «no tiene precedentes en la historia reciente del paÃs».
Lo que falta aclarar
- ¿Por qué, a pesar de las reiteradas advertencias del Consejo Fiscal desde octubre del año pasado, el Ejecutivo no ha asumido una postura más firme para frenar estas iniciativas legislativas?
- Considerando que la actual Primera Ministra y el Ministro de EconomÃa ocuparon cargos clave en la gestión anterior, ¿qué justifica la aparente falta de coherencia en la estrategia para salvaguardar la estabilidad fiscal del paÃs?
- Si el presupuesto actual, según el Consejo Fiscal, no tiene espacio para absorber estos incrementos, ¿cuál es el plan concreto del Gobierno para evitar que el aumento de remuneraciones siga desplazando otras partidas esenciales y comprometiendo la calidad de los servicios públicos?
- ¿Qué medidas urgentes se implementarán para revertir la «puerta abierta» que, según Alonso Segura, la inacción del Ejecutivo ha dejado al Congreso para seguir aprobando normas con alto impacto fiscal?
