¡El Perú sigue ardiendo y el estado no está a la altura de la emergencia!
Seis personas han muerto, miles de hectáreas de vegetación han sido destruidas y numerosos animales han perecido entre las llamas. Los incendios se extendieron por diversas regiones del país y, aunque varios fueron extinguidos, todavía quedan focos activos. La tragedia vuelve a golpear a las poblaciones rurales, donde la falta de equipos, recursos y capacidad de respuesta agrava las consecuencias.
Los incendios forestales que arrasan distintas zonas del Perú han dejado seis personas fallecidas durante los primeros días de octubre, miles de hectáreas de vegetación convertidas en cenizas, viviendas destruidas y familias que han perdido animales, terrenos de cultivo y parte de su sustento. Pese a los esfuerzos por controlar las llamas, la emergencia continúa en sectores de Apurímac y Áncash, donde el fuego todavía amenaza extensas áreas naturales.
La primera semana del mes dejó incendios en numerosas localidades de la sierra y la selva. El 4 de octubre se mantenían diez focos activos en siete regiones: Áncash, Pasco, Junín, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Arequipa. Otros siniestros aparecieron posteriormente, mientras algunos de los anteriores eran controlados. Para el 10 de octubre, las emergencias aún activas se concentraban en distintos distritos de Apurímac y en Sihuas, Áncash.
Aunque el número de focos ha disminuido, la tragedia está lejos de terminar. Las consecuencias permanecerán durante años en territorios donde la recuperación de los bosques, los pastizales y la fauna silvestre no será inmediata.
Seis muertos, entre ellos dos hermanos
Cusco ha sido una de las regiones más golpeadas. Cinco personas perdieron la vida como consecuencia de los incendios, entre ellas tres adultos mayores en Yanatile, Colquepata y Yanahuara.
A estas víctimas se suman dos hermanos de 11 y 18 años que fallecieron por las quemaduras sufridas durante un incendio en Pomacanchi, provincia de Acomayo.
En Puno, un hombre de 82 años murió después de sufrir lesiones cuando intentaba buscar ayuda ante el avance del fuego en el distrito de Macari.
Detrás de estas muertes existe una realidad que merece una investigación mucho más seria. Las comunidades rurales afrontan incendios que pueden propagarse rápidamente por laderas, quebradas y extensiones de vegetación seca. En muchos casos, la distancia, la geografía y la escasez de equipos especializados convierten cualquier intento de rescate en una carrera contra el tiempo.
No basta con contabilizar las víctimas cuando la emergencia ya terminó. Corresponde determinar si las localidades afectadas disponían de planes de evacuación, sistemas de alerta y personal capacitado para actuar antes de que las llamas llegaran a las viviendas.
Más de 16 mil hectáreas afectadas en Cusco
La magnitud de los daños ambientales resulta devastadora. Solo en Cusco, los incendios registrados durante 2026 han afectado más de 16 mil hectáreas de cobertura vegetal, mientras el número de emergencias reportadas durante el año se aproxima a las 280.
En Áncash, los incendios acumulados superan los 190 eventos y han destruido más de 4,600 hectáreas de cobertura natural.
Los últimos siniestros extinguidos en Cusco dejaron otras 963 hectáreas de vegetación afectadas. En Ayacucho, las emergencias sofocadas consumieron 576 hectáreas, mientras que en Puno los incendios ocurridos entre el 7 y el 8 de octubre destruyeron 806 hectáreas.
Las cifras describen extensiones de terreno, pero no alcanzan a mostrar toda la destrucción. Bajo las cenizas quedan pastizales que alimentaban al ganado, árboles que tardaron décadas en crecer, suelos expuestos a la erosión y espacios naturales que servían de refugio para distintas especies.
Los animales mueren sin aparecer en las estadísticas
Uno de los aspectos menos atendidos de esta emergencia es la muerte de animales. En Espinar, Cusco, los incendios provocaron pérdidas de vacunos, ovinos y camélidos sudamericanos, afectando directamente a familias dedicadas a la crianza.
Para un pequeño productor, perder sus animales significa quedarse sin parte de sus ingresos, sin alimento y, muchas veces, sin los recursos necesarios para recuperar su actividad.
El daño sobre la fauna silvestre es igualmente grave. Aves, reptiles, pequeños mamíferos y otras especies quedan expuestos al humo, al calor y a la destrucción de sus refugios. Los animales que consiguen escapar pueden encontrarse después sin alimento, agua ni lugares seguros donde permanecer.
No existe todavía un balance nacional completo que permita conocer cuántos animales silvestres han muerto durante esta reciente sucesión de incendios.
Esa ausencia de información constituye también una deficiencia. La emergencia ambiental no puede evaluarse únicamente contando hectáreas quemadas. Es necesario establecer cuántos ecosistemas han sido afectados, qué especies necesitan protección y qué programas de recuperación deberán ejecutarse.
Brigadistas y pobladores enfrentan las llamas
En las últimas jornadas, bomberos, brigadistas municipales, efectivos policiales, militares y pobladores han participado en las tareas de control y extinción.
En Junín, una aeronave de la Fuerza Aérea intervino realizando descargas de agua sobre el incendio que afectó la comunidad nativa de Tsyapo, en el distrito de Río Tambo.
En Apurímac, la violencia del viento obligó a equipos de respuesta a retirarse temporalmente de algunas zonas para evitar poner en peligro sus vidas.
La situación evidencia las dificultades de combatir incendios en territorios donde el acceso terrestre es complicado, las fuentes de agua pueden encontrarse a grandes distancias y las condiciones meteorológicas favorecen la propagación de las llamas.
Sin embargo, también obliga a cuestionar la preparación del Estado. La intervención de voluntarios y pobladores resulta valiosa, pero no puede convertirse en el principal recurso para contener emergencias de semejante magnitud.
Los gobiernos regionales y locales deben contar con equipos adecuados, brigadas permanentes, sistemas de comunicación y medios de transporte capaces de llegar a las zonas más alejadas. Cuando estos recursos faltan, el fuego avanza mientras las autoridades intentan conseguir apoyo.
El peligro continúa en Apurímac y Áncash
Al cierre de la información del 10 de octubre, permanecían activos incendios en Mariscal Gamarra, Huancarama y Chuquibambilla, en Apurímac, además de Sihuas, en Áncash.
En Mariscal Gamarra, tres viviendas quedaron inhabitables. El balance preliminar de las emergencias todavía bajo seguimiento registraba 310 hectáreas de cobertura natural destruidas.
Mientras tanto, otros quince incendios habían sido extinguidos en localidades de Cusco, Ayacucho, Puno, Piura y Huancavelica.
La disminución de focos activos no significa que haya desaparecido el riesgo. Las altas temperaturas, la vegetación seca y los vientos intensos pueden favorecer nuevos incendios, especialmente en territorios donde se realizan quemas agrícolas sin medidas de seguridad.
¿Dónde está la prevención?
El problema de fondo supera la respuesta inmediata. Los incendios forestales se repiten cada año y numerosos episodios están relacionados con la intervención humana, particularmente con quemas de pastizales y terrenos agrícolas que terminan fuera de control.
La prevención debería comenzar mucho antes de que aparezcan las primeras llamas, con vigilancia territorial, identificación de zonas vulnerables, campañas de educación, fiscalización y mecanismos de alerta temprana.
Pero cuando se registran centenares de emergencias en una sola región, resulta inevitable preguntar cuánto se está invirtiendo realmente en impedirlas y qué resultados han producido esos recursos.
Los gobiernos regionales y las municipalidades deben explicar si cuentan con planes actualizados de prevención y reducción del riesgo, qué brigadas tienen disponibles, cuánto presupuesto ejecutaron y qué acciones concretas realizaron antes de la temporada de incendios.
También corresponde exigir al Gobierno central un balance de su capacidad operativa. No basta con informar que una emergencia está siendo atendida. La población necesita conocer cuántos medios aéreos y terrestres pueden movilizarse, qué recursos están disponibles y cuánto tiempo transcurre entre la alerta y la llegada de ayuda.
La tragedia no termina cuando se apaga el fuego
La atención inmediata es indispensable, pero las comunidades afectadas necesitarán apoyo después de que las brigadas abandonen el lugar.
Las familias que perdieron animales deberán reconstruir sus medios de vida. Los agricultores enfrentarán terrenos degradados y pérdida de pastos. Las autoridades ambientales tendrán que evaluar la recuperación de los ecosistemas destruidos y establecer medidas para proteger las especies sobrevivientes.
En los lugares donde se han perdido viviendas, la asistencia no puede limitarse a una evaluación inicial de daños.
El país enfrenta una emergencia que ya cobró seis vidas y dejó extensas zonas naturales destruidas. Corresponde determinar responsabilidades por los incendios provocados y examinar las deficiencias de prevención y respuesta que pudieron agravar sus consecuencias.
Mientras todavía existen focos activos, la prioridad es salvar vidas, proteger a las comunidades y contener el fuego. Después vendrá una obligación que el Estado tampoco puede eludir: responder por lo que hizo, por lo que dejó de hacer y por las condiciones en que deberá reconstruirse todo lo perdido.
