Planilla dorada en el Congreso: El millonario retorno de inversión para los aportantes

Una investigación de Punto Final revela que legisladores de diversas bancadas premiaron a sus financistas con sueldos de hasta S/14,000 en el nuevo Parlamento.

El nuevo Congreso bicameral ha debutado bajo la sombra de una práctica que parece institucionalizada: la transformación de aportes de campaña en contratos con el Estado. Según una investigación de Punto Final difundida este 13 de setiembre, al menos una decena de diputados y senadores han convertido sus despachos en una extensión de su financiamiento electoral. El cruce de datos entre la ONPE y las planillas del Legislativo al cierre de agosto revela que personas que inyectaron dinero, prestaron camionetas o incluso donaron preservativos para la campaña, hoy ostentan cargos de confianza con remuneraciones que, en los casos más escandalosos, superan los 14,000 soles mensuales del erario público.

Contradicciones y amnesia en el despacho

El caso del diputado Jesús Pérez Alccahuamán (Juntos por el Perú) resulta emblemático por su fragilidad argumentativa. Según el reportaje, Pérez contrató como técnico a José Gabriel Mendoza Salazar con un sueldo de S/5,800, a pesar de que este aportó S/5,226 a su campaña. Ante las cámaras, el legislador inicialmente negó el aporte para luego admitirlo tras ser confrontado con los registros oficiales. Una dinámica similar de desentendimiento mostró Javier Cipriani (Renovación Popular), quien otorgó el cargo de asesor principal a Jaime Vargas Montenegro con un sueldo superior a los S/14,000. Cipriani alegó desconocer que su asesor —quien también fue su representante legal— había aportado S/4,590 a su carrera electoral, minimizando la cifra al señalar que dicho monto «no se ve mal».

De donaciones de campaña a la planilla estatal

La investigación también expone al diputado Jair Manrique (Ahora Nación), quien contrató como técnico a José Miguel Escalante con un sueldo de S/8,300. Escalante no solo aportó asesorías, sino también 50 cajas de preservativos para la estrategia proselitista denominada “Ponte el casco”. En la misma línea, el diputado Gabriel González (Juntos por el Perú) incorporó a Reiniero Vilca como asesor, tras haber recibido de este el préstamo de una camioneta valorizado en S/10,800. Otros nombres como Jessica Navas (Fuerza Popular), José Marcelo (Ahora Nación) y los senadores Serafín Luján y Edgar Mancha repiten el patrón: contratar a quienes financiaron sus candidaturas bajo el paraguas de la «idoneidad» y la «confianza».

¿Competencia técnica o devolución de favores?

Para el ex oficial mayor del Congreso, César Delgado Guembes, el problema radica en una gestión parlamentaria que prioriza el cumplimiento de requisitos formales sobre la capacidad real. Mientras el gasto corriente del Parlamento ya excede los 900 millones de soles, los legisladores defienden estas contrataciones asegurando que se trata de profesionales capacitados. Sin embargo, la coincidencia sistemática entre el financiamiento privado y la obtención de un puesto público levanta sospechas sobre un posible conflicto ético. Los cargos de asesores, técnicos y auxiliares, que deberían servir para el control político y la legislación, parecen estar funcionando como una moneda de cambio para saldar deudas de campaña.

Lo que falta aclarar

• ¿Cómo justifica el diputado Jesús Pérez su negativa inicial sobre los aportes de su técnico antes de ser confrontado con la data de la ONPE?
• ¿Qué mecanismos de control interno fallaron para que legisladores como Javier Cipriani aleguen ignorancia sobre el financiamiento recibido por sus propios asesores principales?
• ¿Existe alguna evaluación de desempeño que garantice que los aportantes contratados poseen competencias legislativas específicas más allá de la cercanía política con el parlamentario?
• ¿Tomará la Comisión de Ética acciones de oficio ante el evidente riesgo de favoritismo en el uso de recursos públicos para cubrir compromisos proselitistas?