Ecuador: Oposición denuncia plan de Noboa para proscribir a rivales en las urnas

La Alianza Ciudadana acusa al Ejecutivo de utilizar la justicia electoral para eliminar candidaturas fuertes y condicionar los resultados de noviembre.

A pocos meses de los comicios locales de noviembre, la democracia ecuatoriana enfrenta una denuncia de gravedad institucional que pone en duda la neutralidad del proceso. La Alianza Ciudadana, un bloque que agrupa a cuatro fuerzas de oposición, ha señalado directamente al gobierno de Daniel Noboa de ejecutar una estrategia de persecución política mediante la inhabilitación de candidatos y la suspensión de partidos. No se trata solo de quejas administrativas; según los denunciantes, estamos ante un intento sistemático de limpiar la papeleta electoral de aquellos rostros que representan una amenaza real para el oficialismo en las urnas.

La judicialización como herramienta de exclusión

Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, ha calificado las acciones recientes como una constante persecución contra la disidencia. Según Vallejo, la reforma electoral y la suspensión de la Revolución Ciudadana buscan asfixiar a las organizaciones políticas. El dirigente enfatizó que no exigen privilegios, sino que el proceso convocado de forma anticipada para noviembre sea «libre y justo», cuestionando la legitimidad de las trabas impuestas a autoridades que, como el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, buscan la reelección pese a haber superado procesos de revocatoria previos.

El veto a los cuadros con mayor intención de voto

Desde la dirigencia de Unidad Popular, Natasha Rojas fue incisiva al señalar que el Ejecutivo opta por proscribir candidatos ante la incapacidad de ganar en una contienda limpia. El caso de Luisa González, cuya inscripción para la Prefectura de Manabí fue rechazada por la Junta Electoral provincial, es el eje del conflicto. Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana, sostiene que los recursos legales presentados por el oficialismo (ADN) carecen de validez jurídica, lo que refuerza la tesis de una exclusión dirigida contra las figuras con mayor respaldo popular.

Deterioro democrático y vigilancia internacional

La imparcialidad de los entes electorales también está bajo la lupa. Cristian Coronel, del movimiento Todos, advirtió que la Alianza Ciudadana no descarta recurrir a organismos internacionales para denunciar lo que consideran un deterioro democrático acelerado. La desconfianza se ha agudizado tras conocerse una reunión entre un delegado del Consejo Nacional Electoral en Portoviejo y un candidato de la alianza oficialista ADN, un hecho que ha provocado pedidos de destitución inmediata. Con el cierre de listas previsto para el 9 de noviembre, el escenario electoral ecuatoriano se encamina a una crisis de legitimidad si persisten las sombras sobre la exclusión de competidores.

Lo que falta aclarar

• ¿Bajo qué criterios técnicos el CNE justifica la reunión de sus delegados con candidatos del oficialismo mientras se rechazan las inscripciones de la oposición?
• ¿Por qué el proceso electoral ha sido convocado de forma anticipada y atropellada, según denuncia la Alianza Ciudadana, dificultando la organización de las fuerzas contrarias al Gobierno?
• ¿Cuál es el sustento jurídico real para la inhabilitación de figuras como Luisa González y Pabel Muñoz, más allá de las impugnaciones presentadas por el partido de Daniel Noboa?