Emergencia en Tolima: 20.000 hectáreas en cenizas y una respuesta oficial bajo sospecha
Tolima concentra una de las situaciones más críticas por los incendios forestales, con llamas que han afectado cultivos, bosques y pastizales en 16 municipios. Las altas temperaturas y la falta de lluvias favorecen la expansión del fuego.
Fuente de imagen: La República
Mientras el fuego devasta cultivos estratégicos, el Gobierno colombiano apunta a manos criminales y disidencias para justificar la crisis en 16 municipios.
La declaratoria de calamidad pública en el departamento del Tolima, vigente desde el pasado 13 de agosto, no ha logrado frenar un desastre ambiental que ya suma más de 20.000 hectáreas de vegetación consumidas. Con temperaturas que superan los 40 grados Celsius y una sequía prolongada, la gestión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) enfrenta cuestionamientos ante la persistencia de diez incendios activos. Aunque el presidente Abelardo De la Espriella destacó el control de las llamas cerca de un gasoducto en Gualanday, la magnitud del daño en cultivos de café, aguacate y plátano evidencia una vulnerabilidad territorial que las autoridades intentan explicar mediante la narrativa del sabotaje.
¿Control operativo o mitigación de daños?
Pese al despliegue de 306 efectivos y unidades aéreas de la Fuerza Aeroespacial y la Policía, la situación en municipios como Suárez, San Luis y Guamo sigue siendo crítica. Según el reporte oficial, si bien se han sofocado 75 focos en la última semana, el avance operacional promedio apenas pasó del 39% al 68% en las zonas con información comparable. Esta lentitud en la estabilización total de los siniestros pone en duda la eficacia de los planes de contingencia frente a eventos climáticos que el Ideam ya había advertido con alertas rojas en 158 localidades del país.
La tesis del sabotaje y la minería ilegal
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, ha desplazado la responsabilidad de la emergencia hacia factores externos, vinculando el origen del fuego en Ortega con estructuras de las disidencias de las FARC y la minería ilegal. Según Lara, estos grupos buscarían distraer a la Fuerza Pública mediante quemas deliberadas. No obstante, estas acusaciones, que ya están en manos de la Fiscalía tras la entrega de pruebas por parte de la gobernadora Adriana Magali Matiz, no explican por qué civiles estarían llegando a las zonas de emergencia para insultar a los bomberos y obstaculizar las labores de rescate, un síntoma de una fractura social que el Gobierno no parece controlar.
Lo que falta aclarar
- ¿Por qué, tras 11 días de haberse declarado la calamidad pública, la respuesta estatal no ha logrado prevenir que las llamas alcancen una cifra récord de 20.000 hectáreas destruidas?
- ¿Cuáles son las pruebas concretas que vinculan las quemas en Ortega con las disidencias de las FARC, más allá de las hipótesis políticas del Ministerio del Interior?
- ¿Qué medidas de seguridad fallaron para que grupos de personas puedan interferir físicamente en las labores de los bomberos y organismos de socorro en las zonas de desastre?
- ¿Existe un plan de reparación económica real para los productores de café y aguacate que han perdido su sustento, o la ayuda se limitará a la extinción del fuego?
