El sistema y la tentación: Las verdaderas raíces de la corrupción
Existe un viejo y conocido refrán que dice: «La ocasión hace al ladrón». En el ámbito de la gestión pública, esta frase popular encierra una verdad incómoda, cruda y profunda que solemos pasar por alto cuando debatimos sobre los constantes escándalos que paralizan nuestra región. La corrupción no es simplemente una cuestión de «manzanas podridas», de mala suerte en las urnas o de individuos que nacen con una brújula moral averiada. La corrupción existe, respira y se multiplica porque el propio diseño del Estado crea las condiciones idóneas para que el funcionario acceda, sin mayores obstáculos ni consecuencias, a lo que no le pertenece.
A menudo, los huanuqueños nos indignamos al ver elefantes blancos, obras viales estancadas que conectan nuestras provincias a medias, presupuestos millonarios que se esfuman sin reflejarse en mejoras para nuestra salud o educación, y procesos de licitación que parecen tener nombre y apellido antes de publicarse. Nuestra primera reacción, muy humana y lógica, es exigir cárcel y castigo para el culpable de turno. Sin embargo, si nos limitamos a cambiar al funcionario sin transformar el escritorio en el que opera y las reglas con las que juega, la historia está condenada a repetirse de manera cíclica.
Para entender por qué Huánuco sigue perdiendo millones de soles anuales, debemos preguntarnos: ¿Cuáles son exactamente estas «condiciones» que invitan al saqueo sistemático?
La primera condición se gesta mucho antes de que se mueva una sola piedra: en el diseño de las licitaciones. El acceso a lo ajeno se disfraza de legalidad a través de los famosos Términos de Referencia (TDR). Cuando un gobierno regional o una municipalidad elabora requisitos tan específicos y direccionados que solo una empresa en todo el país puede cumplirlos, no estamos ante una coincidencia, estamos ante un robo planificado. Se crea la condición perfecta para que el dinero público fluya hacia bolsillos privados, dejando a la región con obras sobrevaloradas y contratistas mediocres que, al no tener competencia real, entregan proyectos defectuosos.
La segunda condición es la oscuridad administrativa y la excesiva burocracia. Cuando un trámite es innecesariamente complejo, requiere decenas de firmas y los expedientes duermen en las oficinas, se crea un «peaje invisible». La burocracia extrema es el hábitat natural del soborno, porque obliga al ciudadano o al empresario a pagar para agilizar lo que debería ser su derecho. Además, si la prensa y la sociedad civil no podemos rastrear con facilidad y en tiempo real hacia dónde va cada sol de nuestros impuestos, estamos dejando la puerta del tesoro sin candado.
Una tercera condición, y quizás la más perversa, es la forma en que se financian las campañas políticas. Muchos candidatos llegan al poder arrastrando deudas millonarias con sus «inversores» y financistas. El funcionario no roba siempre por simple avaricia; muchas veces lo hace porque el sistema electoral lo empuja a «recuperar la inversión» o pagar favores políticos entregando gerencias, direcciones y obras a quienes financiaron sus mítines y paneles publicitarios. El acceso a lo ajeno se convierte, trágicamente, en un modelo de negocio.
En cuarto lugar, debemos hablar de la debilidad e inoperancia de los órganos de control. Un funcionario cede a la tentación de apropiarse de los recursos del Estado cuando hace un cálculo de riesgos y descubre que la probabilidad de ser descubierto es baja. Y si es descubierto, sabe que la lentitud del sistema judicial le juega a favor. En Huánuco, necesitamos que la Contraloría y las fiscalías anticorrupción cuenten no solo con presupuesto y peritos, sino con independencia y celeridad absoluta. La impunidad prolongada, los juicios que prescriben y las investigaciones que duran décadas son el mejor y más grande incentivo para el futuro corrupto.
Finalmente, está la condición social: nuestra propia tolerancia ciudadana. Durante décadas hemos normalizado el tristemente célebre «roba pero hace obra». Al validar, tolerar o votar por candidatos bajo esta premisa, la sociedad misma le otorga al mal funcionario una licencia tácita para saquear el erario público, conformándonos con recibir algunas migajas en forma de losas deportivas, asfalto de mala calidad o repartos de víveres.
Si realmente queremos limpiar las instituciones de Huánuco y dejar de encabezar los rankings de corrupción e ineficiencia, la estrategia debe cambiar de raíz. No basta con apelar a la ética del servidor público o rezar para elegir a un «santo» en las próximas elecciones; hay que blindar el sistema.
Esto significa apostar agresivamente por la modernización y digitalización total de los procesos estatales, reduciendo el contacto humano en los trámites. Significa implementar un gobierno verdaderamente abierto, donde los contratos, las planillas y los avances físicos de las obras sean accesibles para cualquier vecino desde su teléfono celular. Y sobre todo, significa fortalecer las veedurías ciudadanas, apoyadas por nuestros colegios profesionales y universidades.
El funcionario público administra recursos que nos pertenecen a todos los huanuqueños. Es el dinero de nuestros hospitales colapsados, de las carreteras que nuestros agricultores necesitan para sacar sus productos y de la educación de nuestros hijos. Mientras el sistema siga dejando las llaves puestas en la cerradura, siempre habrá alguien dispuesto a abrir la puerta y llevarse lo nuestro. Ya es hora de cambiar la cerradura.
