Roberto Sánchez: Las sombras del financiamiento que lo llevan al banquillo judicial
La Fiscalía solicita más de cinco años de prisión para el líder de Juntos por el Perú por presuntos aportes no declarados y falsedad administrativa.
Roberto Sánchez Palomino, figura central de Juntos por el Perú, enfrenta uno de los momentos más críticos de su trayectoria política tras el pedido formal de cinco años y cuatro meses de prisión por parte del Ministerio Público. La acusación, que gira en torno a un presunto manejo irregular de fondos partidarios y omisiones ante la ONPE, no solo pone en jaque su libertad, sino que cuestiona la transparencia de la organización que lidera. A pesar de que el Fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, ha recordado que la presunción de inocencia lo ampara para seguir en carrera electoral, el cerco judicial se estrecha con una audiencia clave programada para el próximo 27 de mayo.
La tesis fiscal y el rastro del dinero
El fiscal Humberto Ruiz, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa, sostiene que Sánchez habría incurrido en el presunto desvío de fondos durante los años 2020 y 2021. Según la tesis fiscal, se habrían captado aproximadamente S/ 28,000 provenientes de aportes y tasas de afiliados que no fueron reportados debidamente ante las autoridades electorales. Esta supuesta omisión de información administrativa es lo que fundamenta el pedido de cárcel e inhabilitación política, un golpe directo a la línea de flotación de su estructura partidaria en plena contienda.
La defensa: ¿Deslinde o evasión de responsabilidad?
Frente a los señalamientos, la defensa técnica encabezada por Carlos García Asenjo ha optado por una estrategia de deslinde administrativo. El abogado cuestiona la relevancia penal del monto —S/ 28,000— y argumenta que su patrocinado no era el encargado de la elaboración de las declaraciones financieras de Juntos por el Perú. No obstante, queda en el aire una pregunta editorial ineludible: ¿puede el presidente de una organización política desconocer el origen y destino de los fondos que financian su propia plataforma y campaña?
El escenario electoral bajo sospecha
Aunque el Ministerio Público permite que el proceso siga su curso sin frenar la actividad política del candidato, el riesgo de una inhabilitación es una posibilidad latente. Si el Poder Judicial admite el pedido fiscal tras la audiencia de mayo, Sánchez podría verse impedido de ejercer cargos públicos. La posibilidad de que un actor político de este nivel enfrente un juicio por falsedad administrativa mientras busca el respaldo popular genera un vacío de predictibilidad que el electorado merece ver resuelto con celeridad y transparencia.
Lo que falta aclarar
- ¿Quiénes fueron los responsables directos de la contabilidad de Juntos por el Perú en 2020 y 2021 si, como afirma su defensa, el candidato no tuvo participación en los informes financieros?
- ¿Existen registros internos o bancarizados que acrediten el destino final de los S/ 28,000 que la Fiscalía señala como no declarados ante la ONPE?
- ¿Por qué el partido no subsanó estas presuntas omisiones administrativas antes de que el caso escalara a una instancia penal con pedido de pena privativa de la libertad?
