La Cancillería peruana confirmó el traslado de siete compatriotas desde EE. UU. al Congo
Torre Tagle justifica el envío de connacionales a un país en guerra basándose en un acuerdo entre EE. UU. y el Congo, pese a la ausencia de una misión diplomática en la zona.
En un movimiento que desafía la lógica de la protección internacional, la Cancillería peruana confirmó el traslado de siete compatriotas desde Estados Unidos hacia la República Democrática del Congo (RDC). Según el Palacio de Torre Tagle, este desplazamiento se enmarca en un acuerdo diplomático entre el gobierno estadounidense y el país africano para albergar a migrantes irregulares mientras se resuelven sus solicitudes de asilo. Sin embargo, la decisión ignora la cruda realidad de una nación devastada por la violencia del grupo armado M23 y una crisis alimentaria que, según la organización Oxfam, ha multiplicado por ocho los niveles de hambre en la región.
¿Voluntariedad en medio del conflicto?
De acuerdo con el comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, el traslado se realizó “a solicitud” de los propios ciudadanos peruanos. Resulta contradictorio que la Cancillería argumente que estas personas buscan refugio en Estados Unidos porque su integridad correría peligro en el Perú, para terminar aceptando un destino donde el Movimiento 23 de Marzo (M23) es señalado por la ONU por cometer matanzas en masa y graves infracciones contra mujeres y niños. El Estado peruano no ha detallado bajo qué condiciones de presión o desinformación los connacionales habrían aceptado ser enviados a un territorio bajo tensión bélica.
El vacío de una asistencia remota
Otro punto crítico es la falta de presencia institucional en el terreno. El Gobierno admitió que el Perú no cuenta con una misión diplomática en la República Democrática del Congo, por lo que la asistencia y orientación de los siete peruanos dependerá de la Embajada del Perú en Kenia. Pretender que una oficina consular en Nairobi, a cientos de kilómetros de distancia, pueda atender emergencias en un país con desplazamientos forzados y servicios básicos colapsados, deja a los ciudadanos en una situación de vulnerabilidad extrema que la Cancillería parece minimizar.
La cuestionable figura de la protección
El Ministerio sostiene que el traslado se ampara en una figura de protección legal otorgada por jueces de migración estadounidenses. Según la fuente oficial, este beneficio se da a extranjeros que manifiestan que su vida peligra en su país de origen. No obstante, el Estado peruano no ha cuestionado por qué la solución de las autoridades norteamericanas es derivar a los solicitantes a una de las crisis humanitarias más agudas del planeta, ni ha explicado cómo se supervisará que el Congo cumpla con el «albergue» prometido en el convenio bilateral con Washington.
Lo que falta aclarar
- ¿Cómo garantiza el Estado peruano la seguridad física de sus ciudadanos en un país donde la ONU reporta matanzas sistemáticas y el apoyo de fuerzas externas a grupos armados?
- ¿Cuáles son los términos exactos del acuerdo entre Estados Unidos y el Congo que permiten el uso de este tercer país como centro de recepción de migrantes peruanos?
- ¿Qué mecanismos de verificación utilizó la Cancillería para asegurar que el consentimiento de los siete peruanos para ser trasladados fue libre e informado?
- ¿Por qué se considera al Congo un destino apto para la protección de la integridad física cuando enfrenta una crisis de hambre y violencia sin precedentes?
