Informalidad laboral del 72%, una crisis estructural que hipoteca el futuro del Perú y aleja la OCDE
La informalidad laboral en Perú no es una cifra más; es el reflejo de una herida profunda en el tejido social y económico del país, una realidad que se resiste a ceder y que pone en jaque las aspiraciones de desarrollo y bienestar. Un reciente y contundente informe de la red global WIEGO revela que más de 13 millones de peruanos, lo que equivale a un alarmante 72% de la Población Económicamente Activa (PEA), subsisten en la precariedad del empleo informal. Esta magnitud no solo condena a la mayoría de la fuerza laboral a la desprotección y la inestabilidad, sino que también se erige como un muro infranqueable en el camino del Perú hacia la anhelada adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un objetivo que, a la luz de estos datos, parece cada vez más lejano y utópico.
A pesar de los discursos políticos y las iniciativas normativas de los últimos lustros, la informalidad se mantiene prácticamente inmutable, especialmente en los entornos urbanos, donde la vulnerabilidad económica adopta sus formas más crudas y visibles. WIEGO subraya que esta situación es paradigmática en ciudades como Lima Metropolitana, donde el trabajo informal no es una opción, sino una estrategia diaria de supervivencia, intrínseca a la dinámica económica de miles de hogares. La persistencia de esta lacra revela la insuficiencia de las políticas públicas y la incapacidad del Estado para construir un mercado laboral con derechos y oportunidades para todos.
El estudio enfatiza la necesidad de desplazar el foco del sector agropecuario, históricamente dominado por la informalidad inherente a su estructura productiva, hacia el espacio urbano. Es aquí donde la conexión entre informalidad y pobreza se vuelve ineludible y donde las brechas sociales se magnifican. Sectores como el comercio ambulatorio, los trabajos a domicilio, las labores en mercados y el trabajo del hogar, pilares silenciosos de la economía familiar, operan en un limbo de desregulación, desprovistos de cualquier protección laboral, previsional o sanitaria. La ausencia de acceso a servicios básicos, la inestabilidad permanente de sus puestos de trabajo y la limitada conexión con los servicios públicos son factores que consolidan un círculo vicioso de precariedad.
La informalidad urbana, además, tiene un rostro predominantemente femenino en el Perú. WIEGO advierte que la mayoría de trabajadoras informales son mujeres independientes que no solo son el motor económico de sus familias, sino que asumen en solitario la monumental carga de los cuidados de menores, adultos mayores o personas con discapacidad. Lo hacen sin un respaldo estatal significativo ni acceso a sistemas de cuidado público, relegadas a una doble jornada de esfuerzo y sacrificio. Este perfil se agrava al constatar que muchas de ellas no lograron concluir la educación secundaria y pertenecen a grupos etarios de alta vulnerabilidad, como jóvenes sin acceso a empleos formales o personas mayores forzadas a autoemplearse para subsistir.
La radiografía de Lima Metropolitana, obtenida a través de una encuesta a comerciantes de la vía pública en diez distritos, es un espejo amplificado de esta realidad nacional. Los datos son elocuentes: el 70% de estos trabajadores son mujeres, muchas de ellas jefas de hogar; un dramático 87% compagina su actividad laboral con tareas de cuidado; el 23% son adultos mayores obligados a continuar en la informalidad para sobrevivir; el 19% son jóvenes sin alternativas de empleo formal; y un abrumador 70% sostiene a más de tres dependientes con ingresos diarios, fluctuantes y sin garantía alguna. La venta de alimentos perecibles, esencial para la seguridad alimentaria de zonas empobrecidas, es la principal ocupación, y más del 20% inició esta actividad en los últimos cuatro años, un dato que coincide ominosamente con el impacto devastador de la pandemia, el alza del costo de vida y la implacable escasez de empleos formales accesibles.
Los obstáculos que perpetúan esta informalidad son estructurales y reflejan una falla sistémica del Estado. La falta de acceso a crédito para capital de trabajo, las constantes amenazas a sus espacios laborales —desde desalojos y decomisos municipales hasta restricciones arbitrarias—, la pérdida recurrente de capital por robos, inclemencias climáticas o almacenamiento inadecuado, el calor extremo y las condiciones climáticas adversas que minan su salud e ingresos, la alta inseguridad en mercados y zonas de comercio ambulatorio, y la escasez de servicios de cuidado que encadenan a las mujeres a la precariedad, son solo algunos de los factores que WIEGO identifica. Estos impedimentos, lejos de ser aislados, conforman una telaraña que ahoga cualquier posibilidad de mejora en productividad, competitividad y calidad de vida para millones de peruanos, frenando a su vez el desarrollo económico nacional.
La preocupación de WIEGO se eleva a la crítica política al observar que, a pesar de la magnitud de esta crisis, la informalidad laboral urbana brilla por su ausencia en los planes de gobierno presentados ante las autoridades electorales. A pocas semanas del cierre del plazo para las Elecciones Generales de 2026, el silencio de las élites políticas sobre este tema crucial es ensordecedor. Esta omisión, que roza la irresponsabilidad, no solo ignora la realidad de millones de ciudadanos, sino que además socava la credibilidad del país en su búsqueda de objetivos internacionales como la adhesión a la OCDE, que exige avances tangibles en protección social, formalización laboral y reducción de brechas estructurales.
Con más del 70% de su fuerza laboral operando al margen de la ley y de sus derechos, la informalidad laboral no es solo un desafío económico; es una de las mayores deudas históricas del Estado peruano con sus ciudadanos. Es un problema que trasciende gobiernos y colores políticos, una herida abierta que exige no solo paliativos, sino una estrategia integral y sostenida que transforme la precariedad en oportunidades reales y dignas para todos los peruanos. La indiferencia actual es una condena al subdesarrollo perpetuo y una traición al futuro de la nación.
