BID revela que mayor inversión en salud y educación se diluye en la ineficiencia estatal peruana

Lima, Perú. El Perú se encuentra atrapado en una paradoja presupuestaria que frustra el bienestar de sus ciudadanos. A pesar de un aumento sostenido en el gasto público destinado a los sectores de salud y educación en los últimos años, este incremento no se traduce en mejoras significativas en los indicadores sociales. La lapidaria conclusión, emanada de un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señala directamente a la ineficiencia y a la calidad deficiente en la distribución y ejecución de los recursos como el principal escollo, desmintiendo la idea de que el problema radica únicamente en la falta de inversión.

El informe, presentado por Jordi Prat, economista principal regional del BID, durante el XXXVI Seminario Anual de Investigación CIES 2025, pone de manifiesto una realidad preocupante: aunque existe un mandato legal para destinar el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) a estos pilares del desarrollo, las familias peruanas continúan sufragando de su propio bolsillo servicios esenciales, evidenciando una falla sistémica en la provisión estatal.

Rigidez presupuestaria: El muro burocrático

Uno de los hallazgos más contundentes del BID es la marcada rigidez presupuestaria que caracteriza al sistema peruano, compartiendo patrones estructurales con sus vecinos andinos. Esta inflexibilidad, particularmente acentuada en la masa salarial, amputa sustancialmente la capacidad del gobierno para reorientar recursos hacia prioridades estratégicas emergentes y de mayor impacto social.

El sector educativo es el ejemplo más dramático: el 90% de su presupuesto se consume en remuneraciones, lastrado por el peso de la Carrera Pública Magisterial y las negociaciones salariales bajo regímenes laborales preexistentes como los Decretos Legislativos 276, 728 y el Contrato Administrativo de Servicios (CAS). En salud, la situación es similar, con un 65% del gasto sectorial comprometido en salarios, condicionado por estatutos laborales rígidos y negociaciones colectivas que, a menudo, han derivado en huelgas, impactando directamente en la atención al público.

Esta alta sensibilidad del gasto público a las negociaciones salariales, sumada a marcos normativos inflexibles, limita drásticamente la adaptabilidad de los presupuestos sectoriales y complica cualquier estrategia de eficiencia en ambos frentes.

Un gasto creciente, pero insuficiente y mal gestionado

Las cifras revelan un esfuerzo aparente: entre 2013 y 2023, el presupuesto para la función salud creció un notable 150%. En educación, el peso relativo al PBI ascendió del 2% al 4,7% en 2023. Sin embargo, el BID advierte que la voluntad política de invertir se debilita en procesos presupuestarios fragmentados y pobremente articulados con la planificación de largo plazo.

Miguel Zuñiga, especialista en gestión y salud, matiza la perspectiva del BID. Si bien reconoce la ineficiencia, enfatiza que el incremento del gasto, aunque significativo, aún es insuficiente para cerrar las brechas y alcanzar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que fija un mínimo del 6% del PBI para el sector salud. El Perú, que destinaba 2,3% del PBI a salud en el 2000 y 3,2% en 2019, «todavía está a la mitad del camino». Para Zuñiga, la principal limitación reside en la baja presión tributaria (entre 14% y 16%), urgiendo una reforma tributaria gradual que provea mayores recursos para políticas que reduzcan la mortalidad materna e infantil. Es, pues, un problema dual: no solo cómo se gasta, sino también cuánto se recauda.

La desconexión entre la planificación y la ejecución presupuestaria es otro punto crítico. El Perú ostenta una de las tasas más altas de modificaciones en el año fiscal, evidenciando que lo presupuestado dista mucho de lo que finalmente se ejecuta. El Presupuesto por Resultados (PpR), implementado desde 2007 para alinear la inversión con metas concretas, persiste con limitaciones severas: la cobertura de evaluaciones es reducida y sus resultados rara vez son incorporados en las decisiones presupuestarias subsiguientes. La efectividad de la negociación en el marco del PpR se ve mermada por la calidad de la información disponible y la presión de reglas fiscales estrictas, mientras que las dinámicas políticas y la ausencia de incentivos claros bloquean asignaciones más eficientes.

Un ejemplo flagrante de esta ineficiencia es la asignación de recursos por departamentos. El estudio del BID halló que en aquellos departamentos a los que se asignan más recursos públicos (especialmente en salud), el gasto de bolsillo de las familias es paradójicamente mayor, una señal inequívoca de una asignación ineficiente y desarticulada que no logra aliviar la carga del ciudadano.

Recomendaciones para desatar el nudo

El Banco Interamericano de Desarrollo es claro: expandir el gasto público es necesario, pero insuficiente si no se acompaña de una transformación institucional profunda. El organismo multilateral propone fortalecer las capacidades técnicas, generar datos confiables, mejorar los sistemas de monitoreo y adoptar marcos presupuestarios más flexibles y orientados a resultados.

Entre sus recomendaciones específicas destacan la reducción de la rigidez estructural del gasto mediante reformas normativas, la revisión y actualización de los criterios de distribución territorial de recursos, un replanteamiento del paradigma de los países con alto gasto de bolsillo en salud, y el impulso de la participación de los gobiernos subnacionales y actores locales en los procesos de programación y formulación presupuestaria.

Respecto a la reforma de la negociación salarial en el sector público, el especialista Miguel Zuñiga sugiere que esta medida debe ser analizada con cautela, buscando un balance entre la sostenibilidad fiscal y la mejora de las condiciones laborales, priorizando un sentido de justicia que considere las condiciones de desempeño de los trabajadores, más allá del vínculo laboral formal y la escala remunerativa.

La radiografía del BID expone la fragilidad de un sistema que, a pesar de sus esfuerzos por invertir, dilapida recursos valiosos debido a una ineficiencia endémica, una rigidez burocrática y una desconexión palpable entre la planificación y la realidad social. El reto para el Perú no es solo invertir más, sino invertir mejor, con transparencia, eficacia y una profunda voluntad política para transformar sus instituciones y, por fin, entregar a sus ciudadanos los servicios de calidad que merecen en salud y educación.