Suspensión de José Domingo Pérez: La ANC y el cuestionado timing en el caso Lava Jato
La Autoridad Nacional de Control suspende al fiscal por seis meses, días después de su salida del equipo Lava Jato, reabriendo el debate sobre la autonomía fiscal y la influencia del Tribunal Constitucional.
En un movimiento que sacude los cimientos de la lucha anticorrupción, la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público ha dispuesto la suspensión preventiva por un periodo de seis meses contra el fiscal José Domingo Pérez. Esta drástica medida no solo impacta directamente en la carrera de uno de los fiscales más mediáticos del país, sino que se produce apenas días después de que el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, lo apartara del equipo especial Lava Jato, generando serias interrogantes sobre la independencia y la coherencia en las decisiones institucionales.
La controversia del Tribunal Constitucional
La decisión de la ANC se fundamenta en un proceso administrativo disciplinario iniciado en octubre de 2024, el cual busca determinar si el fiscal Pérez Gómez incurrió en faltas graves. El punto central de la disputa radica en la continuidad de la investigación por lavado de activos contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a pesar de un fallo previo del Tribunal Constitucional (TC).
Según el TC, la investigación de los aportes a campañas proselitistas realizados antes de noviembre de 2016 no podría procesarse bajo la modalidad de receptación de lavado de activos, ya que esta figura no estaba vigente en la normativa al momento de los hechos imputados (campañas de 2011 y junio de 2016). Además, el máximo intérprete de la Constitución señaló que la Fiscalía no habría corroborado de manera fehaciente el origen ilícito de los fondos entregados por la constructora Odebrecht.
El argumento de la Autoridad Nacional de Control
La Autoridad Nacional de Control sostiene que, al no ajustar su estrategia legal a los lineamientos establecidos por el Tribunal Constitucional, el fiscal José Domingo Pérez habría vulnerado el debido proceso. Esta postura de la ANC pone en tela de juicio la capacidad de los fiscales para interpretar y aplicar los fallos de las altas instancias judiciales, generando un precedente que podría afectar futuras investigaciones de alta complejidad.
Un escenario judicial incierto
A pesar de la suspensión administrativa impuesta a Pérez y los fundamentos del TC, la situación penal de Keiko Fujimori Higuchi no se encuentra cerrada. Será un juez penal quien deba determinar si la sentencia constitucional se aplica de forma vinculante para archivar la acusación o si el proceso judicial debe continuar su curso, conforme a las etapas previstas en el Código Procesal Penal. Mientras tanto, la defensa de José Domingo Pérez ha manifestado previamente que estas medidas son un intento de debilitar las investigaciones de corrupción de alto perfil, una acusación que la ANC desestima, reiterando que su accionar se enmarca estrictamente en criterios de supervisión funcional.
Lo que falta aclarar
- ¿Por qué la suspensión preventiva se materializa inmediatamente después de que el fiscal Pérez fuera apartado del equipo Lava Jato, y no en un momento anterior del proceso disciplinario abierto en octubre de 2024?
- Si la situación penal de Keiko Fujimori aún no está cerrada y depende de la decisión de un juez penal, ¿cuál es el fundamento para suspender al fiscal por no haber “ajustado” su estrategia legal a un fallo que todavía requiere una interpretación definitiva en sede judicial?
- ¿Qué implicaciones tiene esta suspensión para la autonomía de los fiscales en la interpretación de los fallos del TC y cómo afectará la continuidad de otras investigaciones de corrupción que puedan tener puntos de colisión similares?
- ¿Existe una política consistente por parte de la ANC para actuar con la misma celeridad y contundencia en todos los casos de presunta vulneración del debido proceso, o esta medida se percibe como excepcional debido al perfil del fiscal y de la investigada?
