Candidato López Chau: Acusación por colusión Agravada en punto muerto judicial
El proceso contra Alfonso López Chau, aspirante a la presidencia, se estanca en el 29 Juzgado de Investigación Preparatoria, generando serias dudas sobre la celeridad de la justicia peruana.
El candidato presidencial Alfonso López Chau Nava enfrenta una grave acusación por presunta colusión agravada y/o negociación incompatible, un proceso judicial que, a la fecha, se encuentra en un inexplicable punto muerto. Pese a la solicitud fiscal de cinco años de cárcel y doce de inhabilitación para cargo público, el 29 Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima lleva más de cuatro meses sin emitir un pronunciamiento crucial, sembrando dudas sobre la eficacia y transparencia del sistema de justicia peruano frente a figuras políticas con aspiraciones electorales.
La carga de la acusación fiscal
La fiscal Norah Córdova, del Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, imputa a López Chau haber incurrido en irregularidades durante su gestión como rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). La acusación central apunta a la designación de Sonia Anapán Ulloa como secretaria general de la UNI, supuestamente sin cumplir los requisitos estatutarios de la institución, como no ser docente y carecer de los cinco años de experiencia exigidos. Además, la fiscalía ha señalado la presentación de documentación contradictoria y un incremento salarial de S/9.000 a S/13.500 para la funcionaria en un lapso de solo tres meses, acciones que, según el Ministerio Público, infringieron el estatuto universitario al imponer una designación que correspondía al Consejo Universitario.
Laberinto de carpetas fiscales y la “Cosa Juzgada”
La dilación en el caso se agudizó cuando, en la audiencia del 29 de setiembre de 2025, las partes alegaron una ‘excepción de cosa juzgada’, argumentando que los hechos ya habían sido archivados por otra fiscalía. Este recurso, que suspendió la audiencia hasta el 30 de octubre de 2025, reveló un complejo entramado de investigaciones paralelas. La fiscal Córdova detalló que su despacho fue el primero en abrir investigación en octubre de 2022 (Carpeta Fiscal 352-2022), sin embargo, otras dos fiscalías —el Primer Despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción (Carpeta Fiscal 94-2023) y el Quinto Despacho de la Quinta Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña (Carpeta Fiscal 1076-2023)— también abrieron y archivaron investigaciones por los mismos hechos, generando una superposición de competencias que el sistema judicial no ha logrado resolver con prontitud.
Intentos fallidos de archivo y el silencio del candidato
Previo a este estancamiento, Alfonso López Chau y su defensa legal intentaron, entre 2024 y 2025, archivar el caso mediante recursos de excepción de improcedencia de acción y una tutela de derechos. Ambos fueron declarados infundados en primera instancia y confirmados en apelación por la Sala Penal de Apelaciones, que ratificó la necesidad de que el proceso judicial continúe. A pesar de la gravedad de las imputaciones y la cercanía de las Elecciones 2026, el candidato presidencial ha optado por el silencio. El Comercio intentó obtener su versión o la de su abogada, así como la de la coimputada Sonia Anapán Ulloa, sin obtener respuesta, dejando en el aire las explicaciones sobre estos hechos.
Lo que falta aclarar
- ¿Por qué el 29 Juzgado de Investigación Preparatoria no ha emitido un pronunciamiento sobre el control de acusación, a más de cuatro meses de la audiencia del 30 de octubre de 2025, que debía resolver la ‘excepción de cosa juzgada’?
- ¿Qué acciones concretas ha tomado el Ministerio Público para asegurar la unificación del caso y evitar futuras dilaciones, especialmente después de que la Segunda Fiscalía Superior Anticorrupción indicara a los fiscales que archivaron los casos paralelos que revisaran sus decisiones?
- ¿Cuál es la posición de Alfonso López Chau respecto a las acusaciones de la fiscalía y la falta de cumplimiento de requisitos para la designación de Sonia Anapán Ulloa, así como el aumento salarial, dado el impacto en su candidatura presidencial?
- ¿Cómo garantiza el Poder Judicial que casos de alta relevancia pública, que involucran a figuras con aspiraciones políticas, avancen con la celeridad y transparencia que exige la ciudadanía, evitando la percepción de impunidad o dilación estratégica?
